SANTIAGO.- Hace poco más de un mes, en la entrada del Campus Beauchef de la U. de Chile se instalaron los primeros controles de accesos. Algunos, a través de redes sociales, bromearon con la medida, pero lo cierto es que formaba parte del plan de seguridad de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
La decisión se tomó pues en abril de 2016 se frustró en ese lugar un ataque explosivo que se adjudicó el grupo Individualistas Tendientes a lo Salvaje (ITS), el mismo que se atribuyó el atentado del viernes pasado al presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche.
Junto con estos torniquetes —que funcionarán desde marzo— se dispusieron más cámaras de seguridad y los estudiantes empezaron a recibir correos que les recuerdan tener mayor cuidado con sus pertenencias, señala "
El Mercurio".
Además, tras la orden de rigor, los guardias comenzaron a cerrar las puertas de los edificios a las 18:30 horas. "También hacemos controles aleatorios (de credenciales), si nos parece extraña una persona", contó uno de ellos.
Y aunque existen esas medidas, ayer cuando se retomaron las clases —principalmente cursos de verano—, los jóvenes realizaron sus actividades con normalidad. "Lo último que supimos de las bombas fue cuando nos evacuaron, al final del semestre", comentaron estudiantes de Ingeniería en Minas y de Geología.
De todas formas, guardias solicitaron durante la mañana credenciales a ciertos estudiantes.
Daniel Andrade, presidente de la FECh, pidió no dejar llevarse por rumores que puedan sembrar temor: "Nuestro llamado es a ser cautos y dejar que las policías hagan una investigación seria, con hechos concretos, que muestren quiénes son los actores de este tipo de hechos que son repudiados por todos".
Pesquisas
La investigación penal por lo ocurrido en Beauchef está en manos del equipo con dedicación exclusiva para atentados en la Región Metropolitana, dirigido por los fiscales Raúl Guzmán y Claudio Orellana, quienes en abril iniciaron las labores, pero pidieron reserva a las autoridades de la universidad.
Solo un mes después, el 10 de mayo de 2016, la facultad se querellaba, invocando la ley antiterrorista. Los funcionarios policiales "confirmaron (entonces) que se trataba de un artefacto explosivo de carácter incendiario, y procedieron a desactivarlo oportunamente", detalla la acción.
En la víspera —y según un comunicado de la universidad— las autoridades de la facultad supieron que el hecho había sido reivindicado por un grupo autodenominado "eco-terrorista".
Según esa comunicación, "se adjudica este hecho como parte de sus acciones contra centros de investigación científica y de desarrollo tecnológico, amenazando además en forma directa a cinco miembros de nuestra comunidad". Días después —agrega el texto— "desconocidos enviaron un correo electrónico al mayordomo del Departamento de Ingeniería Eléctrica, con copia a tres funcionarios, avisando sobre la supuesta instalación de un artefacto explosivo en el edificio de dicha unidad, lo que fue descartado por Carabineros, luego de evacuar preventivamente y revisar minuciosamente el lugar".
