SANTIAGO.- En suspenso quedó este lunes la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a si procede o no solicitar la extradición a Estados Unidos de Sergio Jadue, en el marco de la investigación en su contra por delitos tributarios y apropiación indebida.
Ello, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente -representada en esta oportunidad por el fiscal José Antonio Villalobos-, del querellante Hugo Rivera -por parte de la ANFP-, y del Servicio de Impuestos Internos (SII), que sustentan la petición de entrega del ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para que éste pueda enfrentar un juicio en Chile.
De esta manera, el fallo de la Cuarta Sala del tribunal de alzada quedó en acuerdo y se espera que durante los próximos días la resolución sea dada a conocer a los intervinientes del caso.
Si la petición de extradición es aceptada por la corte, el secretario del tribunal de alzada deberá remitir el expediente foliado al Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez, tendrá -previa traducción al inglés- que reenviarlo a la embajada de Chile en Estados Unidos.
Una vez allí, los antecedentes que fundaron la formalización en ausencia de Jadue serán entregados a la autoridad central estadounidense, dándose inicio al procedimiento de extradición pasiva.
Como primera medida, los tribunales norteamericanos agendarán una audiencia donde se discutirá la medida cautelar personal a la cual quedará sujeto el ex directivo durante la tramitación del proceso en su contra, que no necesariamente deberá ser la privación de libertad, como lo requiere la fiscalía chilena.
Así las cosas, si el tribunal de Estados Unidos acepta extraditarlo, Sergio Jadue Jadue podrá ser enjuiciado en Chile. De lo contrario, si se rechaza la pretensión de la Fiscalía, entonces el ex presidente de la ANFP podrá permanecer en Miami y eludir a la justicia chilena.
El Ministerio Público persigue penalmente a Jadue por delitos tributarios que bordean los US$ 2 mil y por haberse apropiado indebidamente de más de $1.800 millones.
