El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, se refirió este miércoles al allanamiento realizado ayer en el domicilio de Pablo Longueira y en sus oficinas, específicamente en la fundación Chile Justo, en el marco de la investigación por delitos tributarios y cohecho que se persiguen en su contra en el caso SQM.
Según dijo, el procedimiento se llevó a cabo en las últimas horas "porque las investigaciones son dinámicas, obedecen a un curso natural y las diligencias se van desarrollando una tras otra".
Ello, en respuesta al cuestionamiento del defensor del ex ministro, Alejandro Espinoza, quien acusó de "presión indebida", criticando -además- que la diligencia se llevara a cabo casi dos años después de iniciada las indagatorias.
"No olvidemos que acá hemos levantado -al menos- tres líneas de investigación: respecto de la persona jurídica, por el delito de cohecho y también por el delito tributario, y es un mismo equipo que está trabajando en torno a esto", recalcó.
Asimismo, sobre el procedimiento en particular, Gómez explicó que "nosotros hemos solicitado una medida intrusiva que requiere -necesariamente- el pronunciamiento judicial. Los antecedentes que expusimos fueron de tal envergadura, que los compartió el tribunal y estimó que era necesaria la diligencia".
En la misma línea, detalló que en las pesquisas "se incautó gran cantidad de información", tal como se hizo en el domicilio de Carmen Luz Valdivieso "quien no ha hecho ninguna referencia a esta situación y ha aceptado el actuar del Ministerio Público".
Y destacó al respecto: "Recibimos un informe policial el 29 de diciembre con antecedentes de profundo contenido y alta importancia para la investigación y es conforme a éste, acompañado a la carpeta, que levantamos la petición al tribunal para hacer este allanamiento".
Consultado sobre si se realizó el procedimiento a último hora, Pablo Gómez dijo que "no nos hemos adelantado -ni siquiera- en el pronunciamiento del tipo penal por el cual vamos a acusar, porque el Ministerio Público se debe al deber de objetividad".
"Cuando cerremos la investigación -que el tribunal ha estimado prudente en el plazo de 9 meses- tendremos que tomar una decisión. Si acusamos, lo haremos por el tipo penal que haya resultado efectivamente acreditado, si se trata del delito de cohecho, acusaremos por ello, si se trata de un delito de tráfico de influencias, tendremos que hacerlo por ese tipo penal. Y si es la figura de cohecho con tráfico de influencia, pues bien tendremos que hacer la acusación en esos mismos términos", puntualizó.
