SANTIAGO.- El pleno de la Corte Suprema podría resolver mañana si se mantiene o no por un año más, el ministro Omar Astudillo, a la cabeza de la investigación de la defraudación al Ejército. En esta causa se indagan delitos como fraude al fisco y falsedad documental por cerca de $5.550.890.518.
El magistrado asumió el caso por orden del máximo tribunal, el pasado 2 de noviembre de 2015.
En la decisión de nombrarlo pesó el hecho que era unos de los magistrados civiles que integran la Corte Marcial, además de la Corte de Apelaciones de Santiago, y por la “alarma pública” que ha generado esta causa.
El ministro deberá dejar la investigación en marzo próximo, porque en esa fecha se cumplen los tres años que por ley debe permanecer como integrante de la Corte Marcial.
El abogado Carlos Cortés, que representa a una serie de militares procesados en esta causa, pidió al máximo tribunal que prorrogue por un año más su designación.
Astudillo, además del caso del fraude del Ejército, investiga el origen del patrimonio del ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, y si hay dineros provenientes de gastos reservados o recursos de la Ley Reservada del Cobre.
“El cambio de instructor afectará negativamente el desarrollo de la misma (investigación) produciendo inevitablemente dilación en su prosecución, vulnerando la necesidad de una pronta represión de los hechos y el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable, afectando adicionalmente el principio de economía procesal, en virtud de la cual se ha de instar por la máxima eficiencia en el desarrollo del proceso”.
En caso de ser rechazada la petición, el sucesor del ministro Astudillo se conocería este lunes, fecha en la cual la Corte de Apelaciones de Santiago debiera sortear a los dos nuevos ministros que integrarán la Corte Marcial por los próximo tres años.
En la investigación se ha establecido el fraude al Ejército se produjo por servicios o adquisiciones inexistentes, “carentes de realidad y respaldo”, que fueron pagados con cargo a la Ley Reservada del Cobre.
Según la investigación, el coronel (r) Clovis Montero solicitó a dos proveedores, Francisco Huincahue (Frasim) y Pedro Salinas (Tecnometal), la entrega de facturas por supuestos servicios que no se realizaban, entre diciembre de 2012 y noviembre o diciembre de 2013.
El mayor monto defraudado con las facturas falsas se concentró entre 2012 y 2013, con $3.600 millones.
La primera semana de enero la Corte Marcial revocó el procesamiento dictado por el magistrado en contra de tres generales en retiro, por el delito de incumplimiento de deberes militares. Este era el primer encausamiento por este ilícito en la causa donde hay procesados por fraude al fisco, cohecho y soborno.
La decisión fue adoptada por la ministra Dobra Lusic (presidenta), y el coronel Ricardo Coronado (Ejército), el general Juan Hargous (FACh) y el general Juan Carlos Gutiérrez.
El voto en contra fue del ministro Juan Manuel Muñoz, que ingresó en reemplazo de Astudillo, que estaba inhabilitado por estar a cargo de esta causa.
La decisión se adoptó respecto a los generales (r) Antonio Cordero Kehr, Jorge Salas Kurte y Miguel Muñoz Farías. Todos ellos estuvieron a cargo desde 2010 a 2014 del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), que tenía la responsabilidad de controlar los fondos asignados por la Ley Reservada del Cobre.
