SANTIAGO.- El ministro Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, quien indaga causas de violaciones a los Derechos Humanos, condenó a cinco miembros en retiro del Ejército por su responsabilidad en dos homicidios consumados y cinco homicidios frustrados de reclusos, ilícitos perpetrados en diciembre de 1981 en la ex Cárcel Pública.
En el fallo, el ministro Madrid condenó a Eduardo Arriagada Rehren y Sergio Rosende Ollarzú a penas de 20 años de presidio, en calidad de autores de los homicidios consumados de Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz; y de los homicidios frustrados de Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos.
En tanto, los oficiales Joaquín Larraín Gana, Jaime Fuenzalida Bravo y Ronald Bennett Ramírez deberán purgar 10 años y un día de presidio, en calidad de cómplices.
En la etapa de investigación, el ministro Madrid estableció que "en el mes de diciembre de 1981, se encontraban recluidos en la galería N°2 de la Ex Cárcel Publica de Santiago, el militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Guillermo Rodríguez Morales, y los simpatizantes de dicha agrupación política Adalberto Muñoz Jara, Ricardo Antonio y Elizardo Enrique Aguilera Morale".
"Ellos compartían los alimentos que les eran traídos por sus familias con los procesados comunes Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz, resultando que a partir del día 7 de diciembre de 1981 comenzaron a presentar problemas de carácter grave en su estado de salud, por lo que siendo las 15.30 horas del día antes señalado fueran internados en la enfermería del penal los internos antes señalados", agrega el fallo.
Los internos fueron atendidos por el doctor Jorge Mery Silva, quien planteó el diagnóstico de "intoxicación Botulínica", siendo trasladados a la Unidad de Tratamiento Intensivo de la Asistencia Pública de Santiago y por medio del parte N°799 de la Guardia Interna de la Ex Cárcel Publica de fecha 20 de diciembre de 1981.
Tanto Pacheco Díaz como Corvalán Castillo fallecieron producto del delito.
La sustancia que produjo el envenenamiento de los internos fue obtenida por el Instituto Bacteriológico, por haber sido solicitado por el director al laboratorio correspondiente en Brasil, siendo luego enviado vía valija diplomática a Chile, recepcionado en la Cancillería y, posteriormente, recibido en un laboratorio secreto del Ejército ubicado en calle Carmen N°339, el cual dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), siendo introducida dicha a la Ex Cárcel Publica de Santiago.
En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $950.000.000 (novecientos cincuenta millones de pesos), a las familias de las víctimas.
