SANTIAGO.- Si bien dijo entender "la frustración de los ex directores de la PDI", por la condena en libertad de los autores del ataque al ex cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI, en Providencia, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, rechazó las críticas hacia la gestión del ente persecutor y aseguró que "no ha habido pasividad", como acusaron Nelson Mery, Arturo Herrera y Marcos Vásquez.
El persecutor respondió hoy en
El Mercurio los cuestionamientos realizados por los ex máximos jefes de la policía civil mediante una carta enviada ayer a este medio por el atentado ocurrido en noviembre de 2014.
En la misiva, Mery, Herrera y Vásquez hicieron críticas a los jueces "por la insuficiente valoración que el tribunal concede a un hecho de tan evidente gravedad", a través de una carta. Además, cuestionaron "la pasividad" de la fiscalía de Ñuñoa al asumir el fallo y no presentar un recurso de nulidad.
"Entiendo la frustración de los ex directos de la PDI, por un atentado que sin duda fue grave a un cuartel; sin embargo, no ha habido pasividad de la fiscalía. En su momento esa causa se formalizó por delito de incendio consumado y porte de bombas Molotov; también el tribunal decretó la prisión preventiva. De hecho, los imputados estuvieron presos más de dos años. Luego acusamos, y llegamos a un juicio oral", afirmó Guerra.
Si bien el fiscal regional Oriente admitió que la pena no los dejó conformes, explicó que está dentro de las facultades que le corresponde decidir al tribunal.
Respecto de la decisión de no interponer un recurso de nulidad, para realizar un nuevo juicio oral, insistió en que "no hay pasividad, no recurrimos de nulidad, porque el tribunal es garantista. Nosotros conocemos el funcionamiento del Tercer Tribunal Oral en lo Penal, que es bastante garantista. Creemos que en caso de que prospere un recurso de nulidad, lo más probable es que en un juicio oral obtendríamos lo mismo, o probablemente un resultado peor o más malo del que tuvimos".
Guerra defendió al fiscal Felipe Sepúlveda, que estuvo a cargo del caso, y dijo que en la pena también influyó que se aplicó la antigua ley de control de armas, por la fecha en que ocurrieron los hechos. "En la actualidad la ley está modificada. Ellos hoy por porte de bombas Molotov hubiesen sido condenados por lo menos a tres años de cárcel", afirmó el fiscal.
En tanto, Paula Narváez, ministra secretaria general de Gobierno, dijo que el Ejecutivo "no comenta los fallos judiciales, solamente se respetan y se acatan".
El ministro del Interior, Mario Fernández, concordó en que "no me pronuncio sobre resoluciones judiciales".
Mientras que el ministro de Justicia, Jaime Campos, dijo que "son materias que las tienen que ver los tribunales y la fiscalía, y aplicar la ley vigente. Y obviamente lamentar este tipo de situaciones, pero en torno a las resoluciones de los tribunales, comprenderás que a mí como ministro no me corresponde pronunciarme ni emitir opinión, ya que las resoluciones y las actuaciones de la fiscalía solamente hay que cumplirlas".
