SANTIAGO.- Desde 2014,
Juan Ignacio Piña ejerció como presidente del Consejo de Defensa del Estado, cargo que fue designado por el ex mandatario Sebastián Piñera y en el que permanecerá hasta el 21 de marzo de este año, tras presentar su renuncia en enero pasado.
El abogado penalista de la Universidad Católica y Doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, informó, a través de un correo electrónico a los funcionarios de la institución, que dejaba la presidencia y explicó que si bien presentó su renuncia a la Presidenta Michelle Bachelet con anterioridad, "no quería que la noticia pudiera empañar una cuenta pública que debía mostrar sin distracciones la fortaleza institucional y los sólidos resultados del Consejo".
Durante los tres años que duró su presidencia y de acuerdo a los datos de las cuentas públicas de la institución, el CDE evitó que el Fisco pagara unos $1.200 millones como demandado. En su última cuenta pública, el abogado sostuvo que sólo durante 2016, de un total de 1.025 causas terminadas por demandas en contra del tesoro público, lograron impedir el pago de $471 millones, lo que equivale al 92% de las demandas. Entre 2014 y 2016, el consejo resolvió 665 causas como Fisco demandante.
Entre 2014 y 2016, el consejó logró resolver 665 causas como Fisco demandante. Además, se involucró en casos que involucraban a empresas y política, como fue
Penta.
SQM,
Corpesca y las
pensiones de Gendarmería.
La llegada de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco a la institución, quien fue designada como consejera por la Presidenta Michelle Bachelet, provocó controversia en el ambiente político. Frente a esto, Piña señaló que esto no significaría problemas de interés, asegurando que "todos los consejeros en la historia se han inhabilitado respecto a los casos que corresponden y se inhabilitan legalmente".
En el marco de la investigación de Exalmar -que involucra al ex Presidente Piñera- el fiscal a cargo, Manuel Guerra, señaló que enviaría los antecedentes al CDE. Esto causó polémica respecto de si Juan Ignacio Piña debía renunciar o inhabilitarse, dado que fue el entonces mandatario quien lo nombró en el cargo que lo mantuvo a la cabeza de la institución desde 2014.
