SANTIAGO.- A fin de mes termina el plazo para que cerca de 60 mil autoridades y funcionarios públicos declaren sus intereses y sus patrimonios a la Contraloría General de la República, según las nuevas exigencias que estableció la Ley de Probidad en la Función Pública, tramitada después de la irrupción de la agenda de financiamiento irregular de la política.
Según publica hoy
El Mercurio, la ley rige para 12 tipos de autoridades públicas -desde gubernamentales y municipales, hasta miembros de las Fuerzas Armadas, fiscalizadores y rectores-, quienes deben declarar sus bienes, actividades, derechos, acciones, carteras de valores, individualización de parientes, actividades de cónyuges y posibles conflictos de interés, entre otros datos que antes no se exigían.
La norma está en vigencia desde septiembre y hasta inicios de mes unos 10 mil funcionarios habían ingresando sus documentos a la Contraloría, que por ley debe revisarlos. Es decir, cerca de 50 mil personas deben hacer el trámite en los 18 días que quedan de plazo legal.
Ante la brecha, el Consejo para la Transparencia -que publica las declaraciones- está alerta. El presidente de la institución, José Luis Santa María, hace un llamado a "acelerar el trámite, pues la notificación hacia los funcionarios y autoridades se realizó hace varios meses y no parece comprensible que miles de sujetos obligados a transparentar su patrimonio aún no concreten sus declaraciones".
Asimismo, realiza un segundo llamado "a que quienes deban cumplir con esta disposición, lo hagan de manera transparente y proba, pues el espíritu de esta ley es fortalecer a la administración del Estado y con ello también a nuestra democracia".
Santa María prefiere pensar que este excesivo retraso "se trata de un simple descuido, pues la norma establece sanciones efectivas. El cumplir con esta obligación no es un mero trámite, es también un aporte para terminar con la llamada crisis de confianza" de las instituciones.
Entre las autoridades que confirmaron a este diario haber hecho el trámite están los alcaldes de Estación Central, Rodrigo Delgado, y la de Peñalolén, Carolina Leitao, quien se encargó también de reunir y entregar las declaraciones de sus concejales.
Declaraciones
Hasta el viernes, el consejo había publicado 2.660 declaraciones, la mayoría de las cuales pertenece a funcionarios municipales y del Ministerio Público. Aún no eran publicadas las declaraciones de parlamentarios y de miembros de Fuerzas Armadas.
Entre los antecedentes a declarar, están los montos que poseen en acciones y derechos. Uno de los casos es el de la ex concejala de Vitacura Macarena Bezanilla, quien posee una parte de Radio Infinita, avaluada según ella en $7.490 millones. Ella está casada con el diputado Pedro Browne (Amplitud), quien figura como dueño de Inversiones y Asesorías Bu, valorizada en $13.860 millones.
El ex ministro Máximo Pacheco, actual coordinador de la campaña de Ricardo Lagos, declaró tener la mitad de Inversiones Pushkin, valorizada en $6.123 millones.
También aparecen Juan Cristóbal Lira, ex subsecretario del gobierno anterior y actual concejal de Lo Barnechea, con $3.052 millones; Juan Carlos Labbé, concejal de Providencia, con $3 mil millones; y Miguel Suárez, concejal de Nueva Imperial, con un monto similar.
