Andrés Pérez, El Mercurio
SANTIAGO.- En 17 días vence el plazo para que cerca de 60 mil autoridades y funcionarios públicos declaren sus intereses y patrimonios, de acuerdo con lo establecido en la nueva Ley de Probidad.
Aunque el plazo para cumplir con esta obligación comenzó hace siete meses, hasta ahora solo unas 10 mil personas lo han hecho, lo que revela la lentitud con que se está acatando esta disposición.
No obstante, hay un grupo de personas que ya tendría que haber hecho su declaración: los que —a partir del 2 de septiembre, cuando comenzó a regir la ley— asumieron o dejaron cargos públicos, a quienes se les da 30 días para ingresar el trámite al sitio www.declaracionjurada.cl.
Ese es el caso de todos los alcaldes y concejales que asumieron o dejaron los municipios en diciembre. Sin embargo, la Contraloría —que revisa estas declaraciones— detectó que cerca de 2.400 autoridades y funcionarios no hicieron el trámite en el tiempo estipulado, señala "
El Mercurio".
La institución informó que esas personas no cumplieron con el principio de oportunidad, por lo cual está despachando "oficios de apercibimiento a los sujetos obligados", como un ultimátum para que declaren.
La ley fija multas de 5 a 50 UTM (hasta $2,3 millones), e incluso la destitución del cargo para quienes no declaren o falseen sus datos.
Respecto del proceso sancionatorio, en la Contraloría explican que "no implica la aplicación inmediata de una multa, sino que previamente corresponde la emisión de un oficio de apercibimiento, que entrega al infractor 10 días hábiles para corregir la situación anómala".
Por lo tanto, "a la fecha no existen sanciones cursadas", añaden.
Datos de autoridades nuevas y salientes
De las 10 mil declaraciones presentadas, 2.660 ya fueron revisadas por Contraloría y publicadas en internet.
Entre estas figuran las de 31 ministros y subsecretarios que ingresaron o salieron del gobierno a contar de septiembre —la mayoría en los cambios de gabinete de octubre y noviembre—, y que tuvieron que transparentar más datos que los acostumbrados, como el patrimonio de los cónyuges y los valores, acciones y derechos que poseen en Chile y en el exterior.
Entre las declaraciones, destaca la de Jaime Campos, ministro de Justicia, quien dice tener $170 millones en una inmobiliaria y tres mineras, además de $156 millones en valores en los bancos Santander y Chile y en Quiñenco, y un Mercedes Benz de $18 millones.
Además, plantea dos potenciales conflictos de interés: su paso como miembro del directorio del laboratorio Drag Pharma y su participación en el estudio jurídico Zúñiga, Matus, Campos Abogados.
Este último caso le valió a Campos una polémica apenas se instaló en Justicia, pues parlamentarios de oposición advirtieron que su socio Francisco Zúñiga representa a Morpho, empresa sindicada por el Registro Civil como responsable del error que cambió el padrón electoral.
Campos respondió en ese momento que no tenía sociedad alguna con Zúñiga, y que su vínculo con el estudio era el de "una comunidad de techo".
La ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, declara $148 millones en sociedades. Ella también informó el patrimonio de su cónyuge, Andrés Donoso, quien comparte las sociedades con Krauss y suma $2.277 millones.
Máximo Pacheco, ex ministro de Minería y actual coordinador de la campaña de Ricardo Lagos, resalta como la ex autoridad con más patrimonio: $6.124 millones en sociedades, además de inversiones en un banco suizo. También se pueden ver los pasivos.
La ex ministra del Trabajo Ximena Rincón tiene una deuda hipotecaria de $303 millones con BBVA, el monto más alto entre los 31 políticos que presentaron su declaración.
Y el ex ministro de Bienes Nacionales Víctor Osorio no informó propiedades, vehículos, acciones o deudas a su nombre.
De las 2.660 declaraciones publicadas, hay 689 personas que dicen tener acciones y derechos, por $74.414 millones.
Bienes y actividades
En las declaraciones hay casos que llaman la atención, como el del ex vocero de Gobierno Marcelo Díaz, quien declaró nueve propiedades: seis en Santiago y Vitacura, compradas en marzo de 2008, y tres en La Serena, adquiridas en agosto de 2009.
Además, algunos ex subsecretarios informaron las actividades a las que se dedicaron luego de dejar el gobierno. Antonio Frey (Prevención del Delito), por ejemplo, dejó el puesto el 26 de octubre y el 21 de noviembre comenzó a trabajar como asesor del Senado. Y Jaime Romero (Vivienda) salió del gabinete el mismo día que Frey, para ingresar cinco días después a AIL Asesoría y Consultoría Limitada.
