SANTIAGO.- Hace un par de días, de forma reservada, ingresó la primera querella al Séptimo Juzgado de Garantía por el millonario fraude en Carabineros.
De acuerdo a El Mercurio, la acción legal interpuesta por un ex oficial que conoce la operativa interna de la institución, apunta contra los diez oficiales que fueron separados del servicio la semana pasada; entre ellos, el director de Finanzas, general (I) Flavio Echeverría Cortez; el jefe del Departamento I Presupuesto y Finanzas, coronel (I) Jaime Paz Meneses, y el encargado del Departamento III Tesorería y Remuneraciones, coronel (I) Héctor Nail Bravo.
Los delitos por los cuales se querella son malversación de caudales públicos, fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos, los mismos que indaga el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos.
Cuentas de institución
Según se detalla en el escrito, la dirección de Finanzas -a través del Departamento I- es donde se perciben, desde el Ministerio de Hacienda, "todos los recursos que han sido asignados a través de la Ley de Presupuestos Anuales, en los cuales se incluyen los relativos al pago de remuneraciones (subtítulo 21) y que administra el Departamento III Tesorería y Remuneraciones".
Este proceso -dice la querella- "se verifica en el ingreso a las cuentas corrientes única fiscal que mantiene el Departamento III", el cual corresponde a una del BancoEstado. Así -concluye el libelo-, las "operacionales de distracción de fondos" habrían sido materializadas desde esa unidad, ya que allí se "constituyeron las órdenes de pago efectuadas al BancoEstado y, respectivamente, a las distintas cuentas personales de los involucrados".
La acción penal señala que estos procesos de "erogación de recursos" están fiscalizados por el Departamento de Contraloría Financiera (que depende de la Inspectoría General) y por la Contraloría General, las cuales hicieron auditorías a la Dirección de Finanzas y al Departamento III, entidades que "no habrían advertido" de los manejos infraccionales de fondos.
Entre las diligencias que se solicitan a la fiscalía está que se oficie a Carabineros "con la finalidad de que informe e individualice todas las cuentas bancarias bajo la administración de la Dirección de Finanzas, Departamento I Presupuesto y Finanzas y Departamento III Tesorería y Remuneraciones, y se verifique o descarte la existencia de movimientos de fondos como los informados en la presente querella".
Lo mismo se pide con respecto a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), tanto sobre la existencia de cuentas de la institución como también de los querellados y sus familiares. También que se levante el secreto bancario.
Además, se pide que se despache una orden de investigar para establecer, desde 2010 a la fecha, "la individualización del o las cuentas corrientes (...) del BancoEstado o cualquier otro respecto de las cuales se hayan efectuado las erogaciones hacia las cuentas de los involucrados o terceros cuyos montos superen el umbral aceptable (...) a un funcionario público".
Competencia en Santiago
Según la acción penal, como los hechos ocurrieron al interior del Departamento III -el cual queda en el sexto piso del edificio General Norambuena, ubicado en Amunátegui 519-, es el Séptimo Juzgado de Garantía el que tendría competencia para ver la causa.
Sin embargo, la jueza Marcia Figueroa pidió -antes de acogerla a trámite- indicar cuáles son los "antecedentes de investigación en los que funda la competencia de este tribunal".
El fiscal Campos ya solicitó que sea este mismo juzgado el que conozca sobre la investigación.
