SANTIAGO.- El caso del multimillonario fraude en Carabineros continúa su marcha en las instancias administrativas y judiciales.
En esta última, destaca la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de los 17 efectivos implicados en crimen, acción legal que se concretó a menos de una semana de que el fiscal nacional y el fiscal regional de Magallanes -Jorge Abbott y Eugenio Campos, respectivamente- se reunieran con el entonces presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, para compartir los antecedentes que tenía el Ministerio Público.
De acuerdo a lo informado este jueves por El Mercurio, el documento fue presentado en ayer en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas -tribunal que se declaró incompetente-, por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, contra los 17 imputados, que fueron detenidos el fin de semana pasado y todos quienes resulten responsables. Todos quedaron en libertad luego de que la jueza del 8° Juzgado de Garantía declarara sus aprehensiones como ilegales.
Tres coordinadores
El libelo no da mayores antecedentes de la investigación que lleva adelante la fiscalía y que inició en octubre de 2016, sino que -más bien- se apoya de antecedentes públicos, como los dichos del general director, Bruno Villalobos, a la prensa y en la comisión de Seguridad Ciudadana de la cámara.
También del extenso control de detención, que comenzó el domingo pasado y se extendió por 10 horas hasta la madrugada del lunes; o de información pública disponible en internet, como los cargos, atribuciones y la orgánica de la institución.
Con esos antecedentes, el organismo determinó que tres de los imputados fueron quienes "autorizaron y coordinaron la forma y proceso para la sustracción, vía desviación de fondos fiscales hacia las cuentas corrientes particulares".
Estos serían el coronel de intendencia Jaime Paz Meneses, jefe del Departamento I Presupuesto y Finanzas, unidad que percibe los recursos asignados de la Ley de Presupuesto; el teniente coronel (I), Héctor Nail Bravo, encargado del Departamento III Tesorería y Remuneraciones (repartición que realiza las órdenes de pago); y el teniente coronel (R), Robinson Carvajal, quien renunció en 2015, tras desempeñarse como jefe del Departamento Presupuesto y Finanzas.
Se indica que ellos fueron los "receptores de estos dineros por parte de otros querellados facilitadores de las cuentas en destino", como también los autores de los ilícitos.
En tanto, los otros 14 imputados serían quienes facilitaron "sus cuentas corrientes y efectuaron los retiros y traspaso en efectivo de dineros desviados a los primeros", quedándose ellos con una "comisión".
Según el CDE, los fondos estuvieron en tres partes: la cuenta corriente de Carabineros, la cuenta del facilitador -desde donde eran girados montos en efectivo- y en el patrimonio final de los ex oficiales que "manejaban y coordinaban el flujo de la sustracción y se beneficiaban de los delitos y transferencias".
Y argumentan que "la intervención de estos oficiales es en razón de tener a cargo la gestión de los fondos, desde una posición de mando, deber de custodia y responsabilidad sobre los mismos".
Sobre el lavado de activos, el Consejo indica que los "altos oficiales y sus facilitadores utilizaron para estos efectos instrumentos financieros (cuentas corrientes que alejan o estratifican los fondos desde su origen) y administrativos (glosa de giro sueldos) para dar imagen de legalidad".
Diligencias al SII y PDI
En el acápite de las diligencias, el CDE pide a la fiscalía que ordene a la Brigada de Lavado de Activos de la PDI para "determinar el destino final de los fondos públicos sustraídos, en especial, la ubicación de los bienes adquiridos por estos a fin de ejercer las cautelares reales y acciones de orden civil para resarcir el patrimonio fiscal".
Además, solicitan al Ministerio Público que Carabineros entregue todos los "antecedentes funcionarios de los querellados", como cargos ejercidos y funciones ejecutadas, y que se oficie al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que remita al ente persecutor las declaraciones de renta e iniciación de actividades de todos los querellados entre 2011 y 2016.
Cambio en Carabineros
Paralelamente a la fiscalía, en Carabineros sigue en curso la indagación administrativa encargada por el general director de la institución. Según trascendió, podría haber un cambio: en reemplazo del actual investigador, el coronel Ignacio Villarrubia -quien será ascendido a general y pasará a ser el jefe de la II Zona Antofagasta- asumiría el general Fernando Riveros, director nacional de Logística.
