SANTIAGO.- El martes la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente presentó la acusación en contra de los dueños de Empresas Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, y otros 34 imputados, en el juicio por delitos tributarios y cohecho.
El abogado Julián López, que representa a los dos altos ejecutivos, afirmó a
"El Mercurio" que tras ello, es turno de las defensas de presentar sus argumentos ante el juez.
- ¿Cómo reciben la acusación?
"La solicitud de penas que hace el Ministerio Público debe ser entendida como la petición de una parte. La fiscalía ha hecho un hábito no solo en el caso Penta, sino en la generalidad de los casos, el pedir más penas de las que legalmente corresponden, y esta es una mala práctica que genera expectativas irreales y un problema a los jueces que después tienen que ajustar a la realidad esas falsas expectativas".
"Los fiscales pueden pedir lo que quieran, pero en este caso, viendo la acusación, es claro que están sacando mal las cuentas, porque los fundamentos, e incluso la agravante y las atenuantes que están considerando, no les permiten pedir una pena de más de tres años por los delitos tributarios y de 300 días por el supuesto delito de cohecho, y ese es el techo de la discusión. El resto es show".
- Pero hay una agravante, el uso de documentos falsos en la comisión del delito tributario...
"El uso de documentación falsa es parte de la descripción típica del hecho principal y, en consecuencia, no se puede considerar dos veces: la reprochabilidad de esa conducta ya está considerada en la descripción del delito. Si se lo pretende considerar como agravante, es duplicar indebidamente el efecto del hecho para la determinación de la pena".
- En la acusación se presentan 187 testigos, ¿qué opina de la prueba?
"La acusación deja en evidencia la debilidad del caso de la fiscalía. Es muy débil desde el punto de vista probatorio, diría, por dos razones: los testigos más importantes que presenta son funcionarios del SII o policiales; es decir, son personas que trabajan en un organismo auxiliar de la fiscalía, como las policías, o trabajan en una institución que actúa como querellante en la causa. Lo segundo, es evidente en la acusación que ellos están ofreciendo como testigos a los mismos imputados de la causa. Y ellos tienen derecho a guardar silencio, por lo cual nada garantiza que vayan a prestar las declaraciones que pretenden".
- ¿Afecta el fallecimiento de Hugo Bravo en términos probatorios?
"La fiscalía promovió y presentó a Hugo Bravo como el testigo estrella del caso y, sin embargo, durante la etapa de investigación lo citó a declarar más de diez veces a puertas cerradas. Y pese a conocer su estado de salud, nunca se atrevió a presentarlo ante un juez para que fuera sometido al contrainterrogatorio de las defensas. Me parece que eso refleja en toda su dimensión lo débil que era el testimonio de Hugo Bravo. Por cierto, su fallecimiento es un hecho que afecta la manera en que la fiscalía probablemente pensaba plantear el juicio".
- En su momento, se habló de una salida distinta del juicio oral, ¿por qué no prosperó?
"Conversaciones entre los fiscales y las defensas ha habido, y las va a seguir habiendo. Pero comentar los detalles de esas conversaciones es algo que los abogados no podemos hacer, porque es conspirar".
-¿Cómo leyeron la reciente formalización de las cónyuges de sus representados?
"No tienen ninguna participación en las conductas que se les imputaron en la formalización (...) el único elemento que parece haber jugado para tomar esa decisión es que la investigación estaba por cerrarse y que la fiscalía estaba tratando de obtener salidas alternativas con todas las defensas, y no está logrando llegar a acuerdo con ninguna. Nos parece que eso fue un evidente intento de ejercer una presión indebida".
