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Condenan a Álvaro Corbalán y otros 32 agentes por secuestros calificados en el régimen militar

El ex jefe operativo fue sentenciado a 15 años de presidio por los secuestros de Alejandro Pinochet, Manuel Sepúlveda, Julio Muñoz, Julián Peña y Gonzalo Fuenzalida, en septiembre de 1987.

22 de Marzo de 2017 | 10:50 | Emol/Aton
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La Segunda
SANTIAGO.- El ex jefe operativo de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), Álvaro Corbalán, fue uno de los 33 ex agentes de la dictadura condenados por su responsabilidad en los últimos secuestros registrados en el régimen militar.

Corbalán fue sentenciado a 15 años de presidio por los secuestros calificados de Alejandro Pinochet, Manuel Sepúlveda, Julio Muñoz, Julián Peña y Gonzalo Fuenzalida, en septiembre de 1987.

Además de Corbalán, la Corte Suprema confirmó el fallo por condenó contra Hugo Salas Wenzel también por 15 años de presidio.

Por otro lado, los agentes Luis Arturo Sanhueza, Manuel Morales y Manuel Ramírez, deberán cumplir una pena de cinco años y un día, por su responsabilidad como autores de los secuestros.

Asimismo, Aquiles Navarrete, Fernando Rojas, Julio Cerca, Marco Bustos, Hugo Prado y Rodrigo Pérez, también fueron condenados a cinco años y un día pero por su responsabilidad como cómplices de los delitos.

Por su parte, y también como cómplice, se condenó al agente Mario Campos, a tres años y un día. El único imputado absuelto de cargos fue Hugo Barria.

Cabe destacar que el resto de los agentes, entre los que se encuentra Ema Ceballos –primera mujer condenada-, se les decretó una pena de diez años y un día, como autores de los secuestros.

Según la investigación realizada por el ministro en visita, Mario Carroza, se determinó que las cinco víctimas fueron secuestradas por agentes del Estado en una represalia por el secuestro del coronel del Ejército, Carlos Carreño.

Además, se consignó que posteriormente, las víctimas fueron desaparecidas a partir de un operativo realizado en conjunto por la CNI, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y el Comando de Aviación del Ejército, el cual culminó con los restos de las cinco personas siendo arrojados al mar, en la costas de Quintay.

En el aspecto civil, la Suprema confirmó las demandas de indemnización presentadas en contra del Fisco, determinando que se debe pagar un total de $380 millones de pesos a los familiares de las víctimas, que se dividirán en $50 millones para cada uno de los tres padres y un hijo de éstos, así como también $20 millones destinados a cada uno de los nueve hermanos de los secuestrados.
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