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Ex gerente de CB Corredores de Bolsa enfrenta segundo juicio: Fiscalía pidió 10 años de cárcel

Eduardo Romo Martínez fue acusado por la Fiscalía Oriente por como autor del delito de entrega de información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hecho por el cual fue absuelto en un primer proceso.

22 de Marzo de 2017 | 10:50 | Por Andrea González Schmessane, Emol
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El fiscal José Antonio Villalobos intentará acreditar la culpabilidad de Eduardo Romo.

El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Este miércoles ante el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago comenzó el segundo juicio contra el ex gerente de CB Corredores de Bolsa -del propiedad del Grupo Cruzat- Eduardo Manuel Romo Martínez, por su presunta participación en calidad de autor del delito de entrega de información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Ello, luego que la Corte de Apelaciones anulara el fallo que el año pasado absolvió al ejecutivo de todos los cargos por los que acusó la fiscalía metropolitana oriente.

Por ello, el ejecutivo deberá enfrentar un nuevo proceso en el cual el fiscal José Antonio Villalobos intentará acreditar que el directivo incurrió en infracciones a las obligaciones de liquidez y solvencia patrimonial que deben cumplir las corredoras de bolsa en virtud de la normativa vigente, y entregó información falsa al organismo regulador.

Para lograrlo, el Ministerio Público presentará como testigos a todos los funcionarios de la SVS, incluido al Superintendente Carlos Pavez.

Por estos hechos, la fiscalía propuso una pena de 10 años de presidio efectivo.

Se prevé que el juicio, en tanto, se extienda por -al menos- dos semanas.

El caso


La fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente comenzó una investigación penal luego que en 2012 la SVS resolviera sancionar a CB Corredores de Bolsa y revocara su condición como intermediario de valores.

Asimismo, multó al gerente general de entonces con 1.000 UF por entrega de información falsa al organismo.

Según estableció en esa oportunidad el organismo, CB mantenía depósitos a plazos valorizados en $1.176.147.439, los cuales eran considerados como tales en sus estados financieros y en los indicadores que daban cuenta de las condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia informados a la SVS, lo que resultó ser falso.