SANTIAGO.- Pérdidas a anuales por US$150 millones han sufrido los operadores del Transantiago a raíz de la alta evasión que se registra en el sistema, cuyas cifran señalan que casi cuatro de cada 10 pasajeros no cancelan su pasaje, lo que también genera un encarecimiento de los pasajes y una mayor inyección de recursos fiscales al servicio de transporte público.
El incremento del problema no se condice con la capacidad fiscalizadora implementada por el Ministerio de Transportes. A inicios de la actual administración, el Ejecutivo comprometió aumentar en 400% el control del problema, con 25% más de personal de control.
Sin embargo, según cifras obtenidas por
El Mercurio mediante la Ley de Transparencia, los 257 fiscalizadores destinados a estas tareas citaron a 68.086 evasores a los juzgados de policía local el año pasado.
La cifra representa un 30% menos que los 97.813 de 2015 y es la menor desde las 40.161 personas de 2013, cuando se comenzaron a registrar las infracciones.
Más allá de las citaciones, según estimaciones oficiales, solo el 35% concurre a los juzgados. En tanto, poco más de 30 mil personas han cancelado sus multas entre los más de 240 mil sancionados desde 2012.
Guillermo Muñoz, director de Transporte Público Metropolitano, reconoce un déficit.
"Es un tema que hemos detectado y el proyecto de ley, a partir de este diagnóstico y hallazgo, se hace cargo de reforzar e incrementar sanciones a las personas que no se presentan a los tribunales. En promedio, se triplican", afirma.
Este proyecto, definido como prioritario por la ministra de Transportes, Paola Tapia, ha sido sometido a revisión. La idea del Ejecutivo es reforzar la acción fiscalizadora y vincular con más fuerza el uso del registro público de evasores para retener la entrega de licencias de conducir o la devolución de impuestos.
El académico de la U. de Chile Alejandro Tirachini concuerda con la revisión. "Es necesario reforzar la cantidad de fiscalizadores, que es ínfima en comparación con la magnitud del problema", afirma.
El registro de citaciones también muestra la procedencia de los evasores infraccionados. La mayoría de los detectados proceden de Puente Alto (30.293), seguidos de evasores de Maipú (22.022), Peñalolén (17.984), La Pintana (17.984), Pudahuel (14.807) y Santiago (13.748).
Tirachini dice que se concentran en la zona sur, que se caracteriza por un nivel socioeconómico más bajo.
Fuera del área de cobertura del Transantiago, se detectó una mayoría de evasores en Padre Hurtado (587), Peñaflor (523), Lampa (508), Colina (501) y Melipilla (294). Para el especialista y ex coordinador del Transantiago Raimundo Cruzat, estos casos se explican por la alta tarifa de los servicios y su falta de integración.
"Se aprecia la necesidad de ampliar la cobertura a otras comunas de la región. La gente toma un bus de calidad de $1.500 y luego se sube y no paga, porque siente que ya lo hizo. En otras zonas, la evasión se explica porque se ha difundido la sensación de que si no se paga el servicio, no pasa nada", añadió.
Infractores de regiones
El informe, además, muestra que los evasores proceden de 270 comunas de todo el país. Hay infractores de zonas tan distantes como Arica (61) o Punta Arenas (24), de alto nivel adquisitivo como Zapallar (7) o Vitacura (448); de zonas aisladas como Isla de Pascua (5) o Juan Fernández (2).
En regiones, lideran los que vienen de Valparaíso (326), Rancagua (218), Viña del Mar (176), Temuco (175) y Concepción (173).
Guillermo Muñoz estima que los evasores de regiones corresponden al 2%.
"Si bien la cantidad es baja, vamos a analizar algún refuerzo en sectores de acceso a Santiago, a través del transporte público e interurbano para esas personas", señala el director de Transporte Público de Santiago.
