SANTIAGO.- Tras llegar al cargo como "plan B" y sortear un primer año de gestión con relativo bajo perfil, el contralor Jorge Bermúdez golpeó la mesa y entregó señales de su impronta al mando de la institución fiscalizadora.
Bermúdez, abogado de la U. Católica de Valparaíso y oriundo de esa ciudad, asumió como contralor general de la República el 17 de diciembre de 2015, luego de que el cargo estuviera vacante durante ocho meses tras la salida de Ramiro Mendoza.
Su nombre, sin embargo, no era la primera opción que barajaba el Ejecutivo para ocupar dicha posición y sólo surgió como alternativa luego de que el Senado rechazara la nominación de Enrique Rajevic, cercano a la DC, sobre quien pesaban varios cuestionamientos y no generaba consenso entre los parlamentarios.
Bermúdez, en cambio, fue aprobado por la unanimidad de los senadores. Tras su especial arribo a la Contraloría, su primer año de trabajo fue de intensos cambios al interior del organismo, pero de relativo silencio a la vista de la opinión pública.
Eso comenzó a cambiar a principios de año, cuando se enfrentó al Poder Judicial, que por esos días revisaba la demanda de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que pedían ser traspasados de las AFP a Capredena. La Corte de Apelaciones ya había fallado a favor de éstos y el tema estaba en la Suprema, donde su presidente, Hugo Dolmetsh, se debió inhabilitar ya que su hija era una de las demandantes.
La jugada del contralor consistió en promover una contienda de competencia ante el Senado, es decir, solicitó a la Cámara Alta declarar la incompetencia del Poder Judicial para pronunciarse sobre el tema, lo que –en la visión de Bermúdez– era facultad de la Contraloría. Una de las razones que lo habría llevado a librar esa batalla era el enorme gasto que significaría para el Fisco traspasar las pensiones de los funcionarios.
Masiva fiscalización y dura crítica a ministerio
Pero su despliegue no paró ahí. En las últimas horas se conoció una nueva gestión del contralor quien, según reveló ayer "La Tercera", a raíz del escándalo en Carabineros, ordenó una masiva fiscalización contra 320 reparticiones públicas que manejan grandes cantidades de presupuesto, lo que derivó en una denuncia ante la fiscalía de cinco jefes de finanzas.
Se trataría de altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), un hospital regional y dos gobernaciones, quienes estarían involucrados en "situaciones anómalas" que podrían constituir delito. Entre las situaciones detectadas se cuenta, por ejemplo, cónyuges con millonarios patrimonios y contratos sociedades familiares con esos servicios.
El anuncio del contralor sorprendió al Gobierno, que no estaba al tanto de la denuncia, y generó un amplio respaldo entre los parlamentarios.
Cuando este anuncio aún no terminaba de decantar, Bermúdez volvió a concitar hoy la atención, al criticar esta vez al Gobierno por la tardanza con que envió a ese organismo el nuevo Plan de Descontaminación de Santiago, el cual requiere la toma de razón de Contraloría para poder implementarse.
La polémica se generó luego de que el ministro de Medio Ambiente afirmara que el plan –que contempla la restricción permanente a catalíticos y que debía comenzar a regir el 1 de mayo– se deberá aplazar debido a que la Contraloría aún no efectuaba el procedimiento.
Ante el hecho, Bermúdez arremetió nuevamente realizando una dura crítica a esa cartera, a la que acusó de enviar tarde el documento, que ingresó recién la semana pasada. El contralor también refutó el anuncio del Ministerio de Medio Ambiente y sostuvo que el plan "tiene que estar para este año sí o sí".
"Pero eso qué significa que yo tengo que poner a funcionarios que trabajen horas extras, los viernes en la tarde, hasta tarde y sábado todo el día para hacer ese análisis, pero resulta que las horas extra no las paga nadie. ¿Por qué? Porque alguien llegó tarde con su trabajo acá (...) Nos piden que saquemos la pega a tiempo, pero hágannos llegar las cosas a tiempo también", remarcó.
