Filas de inmigrantes en la sede de extranjería en la calle San Antonio, que buscan legalizar sus documentos.
El Mercurio
SANTIAGO.- Amnistía Internacional (AI), lanzó hoy la campaña "Chile sin barreras", cuyo objetivo es pedir al gobierno que de prioridad a la tramitación de una ley que garantice los derechos de los inmigrantes, que en este país ya suman casi 500 mil personas.
Además, el organismo busca sensibilizar a los parlamentarios y a la ciudadanía en general sobre las continuas vulneraciones que sufren las personas extranjeras que residen en Chile y avanzar en la plena inclusión de todos ellos.
En la actualidad Chile cuenta con una ley de extranjería que data de 1975, cuyo objetivo central es preservar la seguridad nacional, regulando exclusivamente condiciones de entrada, permanencia y salida del país.
"Regular la migración con un decreto propio de la dictadura (1973-1990), y que pone foco de manera exclusiva en la seguridad y en lo económico es limitado, retrógrado y absurdo. Chile debe abordar este complejo proceso con un nuevo marco legal que cumpla en plenitud con los estándares de derechos humanos", señaló el presidente de AI en Chile, Roberto Morales.
El titular del organismo explicó que el decreto actual tiene una visión economicista de la migración y considera básicamente a los migrantes como fuentes de trabajo "estando finalmente al servicio del mercado laboral y no de las personas ni de sus derechos".
Cuatro décadas después, con 465 mil extranjeros, "el país es testigo de un flujo de inmigración nunca antes visto", dijo Morales.
Además, el director de AI aseguró que el actual articulado (ley 1094), ocasiona "graves vulneraciones al acceso a derechos" y a la vida cotidiana de las personas inmigrantes sin importar su situación legal en el país, ya que incluso los extranjeros que cuentan con visados y permanencias regulares se ven afectados.
"Contar con una ley de migración es una necesidad y una obligación, no un simple lujo. Chile ha suscrito numerosos instrumentos internacionales en esta materia que le exigen alinear sus políticas internas", aseveró Morales.
El director de AI afirmó que el compromiso de reformar la legislación migratoria formó parte del programa del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero aún la iniciativa no se traduce en proyecto de ley.
El organismo internacional espera que el proyecto de ley exprese los derechos de las personas inmigrantes y fortalezca la institucionalidad migratoria en el país.
Concluye que, si bien, los Estados tienen la facultad de determinar libremente sus programas migratorios, esto no los exime de "respetar en cada momento los derechos de las personas inmigrantes".
