SANTIAGO.- Durante los tres días que duró la última formalización del caso Fraude en Carabineros -que ya supera los $16.500 millones-, el fiscal Miguel Ángel Orellana hizo un recuento de los antecedentes que poseía el Ministerio Público para pedir la prisión preventiva de seis imputados.
Según informa hoy El Mercurio, la jueza de garantía Carolina Gajardo accedió a decretar la medida respecto de cuatro de ellos: los tenientes coroneles (r) Claudio Venegas Godoy y Patricio Morales Díaz, más los civiles César Fernández Poblete y Jaime Valenzuela Calderón, por constituir "un peligro para la seguridad de la sociedad", entre otros argumentos.
Para justificar la participación de este último en el delito de lavado de dinero se entregó en la audiencia un dato clave, que revela además una alerta de Impuestos Internos (SII) de 2014.
Valenzuela Calderón introdujo "parte de los dineros ilícitamente obtenidos" desde la cuenta de Carabineros -$487 millones entre 2014 y 2015- en el sistema económico mediante empresas de papel y fachada", dijo el fiscal Orellana en la formalización.
Según expuso el investigador, para ello usó la sociedad "Comercial Overol Limitada", la que "presenta observaciones de comportamiento irregular en el SII". Esta alerta -complementó el fiscal Eugenio Campos- fue por "no concurrir a sus requerimientos de información (del SII), además de no ser ubicado en domicilio declarado al servicio".
Orellana planteó además que "lo que resulta más llamativo, y esto es información que fue obtenida desde el SII, es que (...) no hay movimientos para el 2014. O sea, no hay ventas ni servicios", pero sí inversiones ese mismo año, y no hay nada para justificar esos bienes.
"En el mismo SII, (Valenzuela Calderón) aparece que tiene vehículos nuevos, en el mismo año 2014, por $13 millones, y compra de dólares por $4 millones". Así, para la fiscalía estos antecedentes "permiten acreditar que la imputación del lavado de activos, en su segunda versión (...) de ocultamiento, de disimulación, el uso con ánimo de lucro, está acreditada", afirmó Orellana ante el tribunal.
Una opinión que no compartió el abogado Pablo Larredondo, defensa de Valenzuela Calderón, quien contraargumentó: "fiscalía omite que la fecha de constitución de esta empresa es el 7 de diciembre de 2006, ocho años antes del primer depósito en la cuenta corriente de mi defendido, que es junio de 2014", asegurando que la empresa está "constituida dentro del amparo de la ley, con una facturación importante".
Mientras que sobre la alerta del SII, replicó la defensa que "no tenemos al servicio (en la audiencia) para que entremos a discutir la situación del contribuyente, pero por algo el SII no ha deducido querella".
Larredondo quiso precisar, además, que su representado nunca ha tenido la condición de carabinero o funcionario público, por lo que la calificación jurídica que correspondería sería un hurto continuado y que su cliente no se quedó con los más de $400 millones que recibió desde las cuentas de la institución.
Por operaciones de 61 personas
Según el fiscal Miguel Ángel Orellana, Jaime Valenzuela Calderón pertenece al grupo "más fuerte de canalización de los fondos originados en las actividades ilícitas de Héctor Nail Bravo (teniente coronel y uno de los líderes de la organización) para el ocultamiento y disimulación del origen ilícito del dinero". Los otros miembros del grupo son su esposa, Carla González, su sobrino Claudio Arriagada Valenzuela (estos dos ya están formalizados) y su hermano Boris Valenzuela (quien está siendo indagado).
Todos ellos están en un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que remitió el director del organismo, Javier Tamburrino, al fiscal Eugenio Orellana el pasado 7 de abril, y que la fiscalía leyó en la audiencia: allí se reportan operaciones no justificadas en dinero en efectivo de 61 personas naturales y 23 personas jurídicas, entre ellas, de Comercial Overol.
