SANTIAGO.- Faltaba un día para el de los enamorados cuando, a eso de la una de la tarde, ocurrió lo que gatilló un cambio definitivo en los tribunales de justicia.
Por primera vez en la historia reciente un reo homicida, Leonardo Azagra, tomó como rehén al juez Sergio Hernández, quien realizaba una audiencia en el Juzgado de San Bernardo.
El delincuente bajó los tres pisos que lo separaban de la salida del tribunal arrastrando al magistrado y apuntándole con una pistola en la cabeza, hasta que el rehén aprovechó el peldaño que había ahí para fingir que se tropezaba y alcanzó a tirarse al suelo y salvar su vida.
Tras el hecho, el juez relató cómo habían ocurrido los hechos. Y que hoy, cuando quiere dar por superado el caso que lo tuvo en tratamiento por la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit), dice que no volverá a dar una entrevista sobre el tema. Es que el juez suplente volvió a trabajar.
Hizo una suplencia en el Juzgado de Familia de Melipilla y ahora está en el Juzgado de Familia de Peñaflor. No usó escolta ni antes, cuando sufrió el peligro, ni ahora, que ya lo está superando.
"Fue difícil para él (el juez-rehén) y para su familia. Yo creo que fue un hombre fuerte. Retomó su trabajó porque quiere llegar a ser juez titular", dice María Teresa Díaz, la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que es jueza del Crimen y reconoce que "viví situaciones complejas; no tanto como las que vivió el magistrado Henríquez".
Hoy en El Mercurio, el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena Letelier, recuerda que el caso del juez Henríquez fue precisamente el que llevó a conformar una mesa de trabajo constituida por el Poder Judicial, Gendarmería de Chile, Carabineros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de analizar las medidas de seguridad al interior de los tribunales del país.
El trabajo concluyó esta semana y los acuerdos que se lograron los comentan ambas autoridades.
Tres medidas clave
"Lo más importante es que se escuchó a todos los actores", dice el subsecretario Mena, que presidió la mesa de seguridad. Sesionó cuatro veces y paralelamente a las sesiones se configuraron equipos de trabajo que funcionaron durante tres meses. Establecieron algunos protocolos para llegar a las conclusiones que se expusieron esta semana en la sesión final.
Dentro de las decisiones adoptadas, tres son las que Nicolás Mena resalta. La primera es un proyecto piloto para la celebración de audiencias importantes.
"Hay algunas que no requieren la presencia del imputado en la sala, sino que permiten que se haga una audiencia por videoconferencia en que el reo, desde el propio recinto penal, preste la declaración. Nos ahorramos los traslados desde los recintos penales a los tribunales de justicia y así liberamos funcionarios que se dedican a trasladar, para que se apliquen a resguardar la seguridad de los tribunales del país", dice.
Otro aspecto que destaca es la identificación del público. "Vamos a implementar un sistema de identificación de público en algunos tribunales del país.
Un sistema que permita individualizar a las personas que ingresan a los tribunales, y poder tener un catastro de aquellas que provocan problemas. Esto, con completo respeto a las garantías de las personas", explica. Un medio para conseguirlo puede ser que en el acceso al tribunal los guardias pidan la cédula de identidad.
Y una tercera medida que señala Mena es que se va a suscribir en cada uno de los tribunales del país un Acuerdo de Trabajo Preventivo para la Seguridad de los Tribunales. (APT).
Se trata de una instancia donde se reúnen todas las partes involucradas para efecto de que, cada tres meses, hagan un diagnóstico y vayan adoptando medidas precisas, como por ejemplo, si se requiere mayor cantidad de gendarmes en un determinado tribunal.
De 8 a 23 gendarmes en Juzgado de San Bernardo
La presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Teresa Díaz, recuerda que antes había 8 gendarmes en el Juzgado de San Bernardo, donde ocurrió el caso del juez-rehén.
En la mesa de seguridad se decidió tener ahí una dotación de 23 funcionarios penales.
"Gendarmería tiene una dotación que no puede ser aumentada en este momento. Por eso, debe redistribuir su personal. San Bernardo es una jurisdicción compleja, que afecta a la misma comunidad", explica.
La ministra Díaz está satisfecha de la mesa de trabajo donde ella participó como representante del Poder Judicial.
"Nos estamos preocupando de acondicionar los tribunales con medidas que desalienten las actuaciones posibles de violencia. Con botones de pánico, paneles especiales o la implementación de protocolos para casos especiales, si el juez lo solicita. Deseo que el trabajo de esta mesa pueda conducir a reales medidas de seguridad para los jueces y para los usuarios del sistema", sostiene.
