SANTIAGO.- Durante este miércoles, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados discutió el proyecto de ley que busca quitar la atribución exclusiva que tiene el Servicio de Impuestos Internos (SII) de querellarse en los casos de delitos tributarios, lo que permitiría al Ministerio Público seguir penalmente este tipo de infracciones.
Fue en esta instancia donde el director del servicio, Fernando Barraza, y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se encontraron tras la polémica que se vivió cuando el organismo recaudador decidió no querellarse en los casos Penta y SQM.
Frente a esto, Barraza defendió el rol recaudador que tiene el SII argumentando que "para nosotros es relevante que se genere el efecto disuasivo" y que su objetivo es conseguir, al menos, "el 50% del perjuicio como sanción".
Así, el director explicó que si se llega a quitar la exclusividad que tiene el organismo, se pondría en riesgo la recaudación de impuestos ya que "cuando estemos haciendo una auditoria, el ministerio -de oficio- puede iniciar la acción penal y eso redundará en que sea vea obstaculizada la recuperación de las platas fiscales (...) Lo más natural es que no pague y que espere que termine el juicio".
Por su parte, el fiscal nacional explicó que la exclusividad del SII está alterando "seriamente la justicia penal con estos impedimentos o trabas para asegurar así la igualdad ante la ley de los ciudadanos que a nuestro juicio no ocurre cuando la acción penal es del ente administrativo y no del Ministerio Público".
Sobre la acción disuadiva, Abbott agregó que "la persecución penal es una posición bastante más disuasiva en el que caso tributario que la eventual acción que va a depender de una decisión de orden administrativa y bajo criterios que no están según nosotros explicitados".
Barraza argumentó que las cifras explican que "la fiscalía no ha tenido la capacidad de formalizar" ya que "el SII ha presentado 272 querellas desde 2008, para que el Ministerio Público inicie una investigación (...) Solo en el 26,8 por ciento de los casos ha habido formalización".
Añadió que este 73% restante representa un perjuicio fiscal de 62 mil millones de pesos. De acuerdo al titular del organismo "en los últimos cinco años, del total de condenados por querellas de delitos tributarios, solo se sentenció a cárcel al 9,4 por ciento de los casos (...) Y se recuperó el equivalente solo al 15,3% de las multas".
Si bien Abbott declaró que las cifras "no le constan", indicó que "en el caso Penta y SQM, sólo por efecto de rectificaciones, se han recaudado 16 mil millones de pesos. Sólo en dos causas, en virtud de la persecución penal que ha hecho el Ministerio Público. Lo que estamos reclamando es la igualdad ante la ley, ese es el fundamento".
Finalmente, tras el contraste de argumentos de ambas autoridades, la comisión determinó que el proyecto se votará este lunes en la comisión y que el martes debería votarse en la sala.
