SANTIAGO.- Más de cinco años de presidio efectivo es lo que arriesgan los implicados en los casos de torturas en contra de jóvenes con discapacidad mental en el centro Alihuén de Buin, que fueron denunciados el viernes pasado.
Así lo señaló este miércoles la abogada Paola Zárate, de la fiscalía de Alta Complejidad de la zona metropolitana Occidente, quien liderará la investigación y hoy se reunió con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que es querellante en la causa y del Servicio Nacional de Menores (Sename), que es denunciante.
"En esta reunión se comunicó que la investigación la va a realizar la fiscalía de alta complejidad, teniendo presente que este caso tiene varias complejidades, en primer término la calidad de las víctimas, así como las circunstancias en las que se produjeron los hechos", explicó.
La persecutora anunció también que si bien la denuncia fue realizada por el delito de torturas, igual se van a investigar la posible realización de otros delitos como por ejemplo lesiones.
"Hay que analizar de qué forma participaron los implicados. (…) En principio las diligencias se van a focalizar en el centro en el que se realizaron las denuncias y se está investigando cuántas personas son las personas implicadas", sostuvo la profesional.
Respecto de las víctimas, Zárate explicó que "la denuncia corresponde a cinco personas afectadas, pero se va a efectuar un análisis de cada una de las personas que se encuentran en el centro".
La persecutora añadió también que se va a evaluar si el amarrar a los internos como se vio en un video captado en el centro Alihuén "correspondía o no a las instrucciones que se habrían impartido para tratar a estas personas que presentan este tipo de discapacidades".
Diligencias
Fuentes del caso señalaron a Emol que la fiscalía ya solicitó informes de todos los menores del recinto, así como también se incautó el libro de novedades, documentación del lugar y fichas clínicas de los pacientes.
Trascendió que los equipos de la PDI ya iniciaron la toma de declaraciones de los funcionarios del recinto, que será cerrado el 30 de mayo, según anunció el propio Sename.
Por lo anterior ya se iniciaron las diligencias para trasladar a los internos del lugar y el viernes el Tribunal de Familia de Buin decidirá dónde los enviará.
