SANTIAGO.- El contrato suscrito entre el Partido Comunista y la sociedad Progreso SpA, en octubre del 2016, será uno de los documentos que diputados de Chile Vamos entregarán al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) esta semana, para que el organismo investigue si la venta de propiedades realizada por la colectividad vulnera la nueva Ley de Partidos Políticos.
La ofensiva fiscalizadora de la oposición busca despejar las dudas surgidas luego de que se conociera que el PC realizó una venta por cerca de 3 mil 500 millones de pesos, desprendiéndose así de un conjunto de propiedades adquiridas con el dinero recibido por las confiscaciones hechas por el Estado durante el régimen militar.
Una operación con la que, aseguran en el PC, buscaban acogerse a la nueva normativa que rige la forma en que los partidos deben usar los recursos provenientes del Estado y rentar sus activos.
En un principio, según publica
"El Mercurio", los cuestionamientos de Chile Vamos apuntaron en el mismo sentido que las críticas realizadas al PS, luego de que se conociera que dicha tienda había invertido parte de su patrimonio en firmas como SQM, Calichera y empresas reguladas.
En ambos casos, la oposición cuestionó que los partidos no se hubieran acogido al fideicomiso ciego que establece la ley si los montos involucran más de 25 mil UF.
Con el correr de los días, en Chile Vamos acusaron la eventual realización de "contratos simulados" por parte del PC, apuntando a la figura del representante de la empresa Progreso Spa es Ricardo Solé, integrante del comité central del partido. Acusación que fue rechazada por el PC, donde sostienen que la operación es legal y que la decisión de vender a dicha firma está dentro de las facultades del partido.
Pero ahora, la acción de Chile Vamos busca determinar si realmente el PC se desprendió de los bienes adquiridos. La interrogante surgió luego de que los equipos jurídicos de la UDI y RN revisaran el contrato suscrito entre ambas partes.
En la cuarta cláusula del documento, se establece que: "a fin de garantizar al Partido Comunista de Chile el pago íntegro del precio estipulado en la Cláusula Tercera precedente, incluyendo los intereses y reajustes que correspondan, y por las renovaciones o repactaciones de la presente operación, don José Ricardo Solé Cerda, en representación de la cesionaria, la Sociedad de Inversiones Progreso SpA, se obliga a no gravar, enajenar, ni ceder a título alguno las acciones materia del presente contrato, sin previo consentimiento escrito del Partido Comunista de Chile y mientras se encuentre pendiente el citado pago del precio".
En Chile Vamos sostienen que el párrafo antes citado pone en duda que efectivamente se haya realizado la operación. Por ello, pedirán que el Tricel -organismo destinado a determinar las infracciones de los partidos a la ley- se pronuncie sobre el caso.
"Este contrato tiene elementos que hacen presumir que estamos frente a una simulación tendiente a proteger de forma mañosa el patrimonio del PC. Es necesario que se pronuncien los organismos competentes, con el propósito de evitar que se tuerza el espíritu de la ley", señala Felipe Ward, jefe de bancada UDI.
"Si la compradora de las acciones del PC por 12 años se obligó a no enajenar, no vender sin previa autorización del partido, nos parece que estamos frente a un contrato simulado y el Tricel deberá investigar y sancionar. Y si estas son infracciones graves y reiteradas, la sanción puede llegar incluso a la disolución del partido", sostiene en tanto la diputada RN Paulina Núñez.
En la UDI, además, solicitarán la realización de una sesión especial en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, para debatir sobre las inversiones realizadas tanto por el PC como por el PS.
