Declaración El general (r) Iván Whipple (a la derecha en la foto) —director de Finanzas de Carabineros entre 2007 y 2011— acudió ayer a la fiscalía con su abogado Álvaro Morales para declarar en la arista de gastos reservados.
Christián Zúñiga, El Mercurio
SANTIAGO.- Cuarenta son las auditorías que realizó la Contraloría General de la República a Carabineros entre el 2010 y 2016, los cuales abarcaron —entre otras— fiscalizaciones al hospital institucional, la prefectura aeropolicial, jefaturas de zona, direcciones nacionales e incluso comisarías.
La única indagación que se realizó a la hoy cuestionada Dirección de Finanzas ocurrió entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2011, específicamente en el Departamento III Tesorería y Remuneraciones.
Según se detalla en el documento de auditoría, el objetivo era hacer un examen al control financiero y a los gastos de esa repartición, con el fin de "comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad". En total, se seleccionó una muestra para analizar montos cercanos a $366 millones, señala "
El Mercurio".
Si bien la Contraloría concluyó que el Departamento III aportó "antecedentes e inició acciones correctivas, las cuales han permitido salvar parte de las observaciones planteadas", igualmente ordenó que se instruyera un sumario administrativo para determinar responsabilidades administrativas en dos puntos.
El primero fue en relación con irregularidades, como el arriendo de estacionamientos para vehículos fiscales —ya que la institución tenía asignados en el edificio institucional—, pero también con "pagos improcedentes" a una empresa de TV por cable "por servicios que no tenían relación con los fines de la entidad".
El resultado de la auditoría
De la auditoría que ordenó realizar la Contraloría, Carabineros informó —mediante un documento entregado por la misma institución a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el fraude institucional— que se investigó a ocho oficiales del escalafón de intendencia, de los cuales hubo cuatro que no recibieron sanción debido a que "no les asistió responsabilidad administrativa".
El primero en la lista es el ex director de Finanzas, el entonces general Flavio Echeverría, quien fue removido de la institución el pasado 6 de marzo por su responsabilidad en el fraude institucional. Este fue formalizado por la fiscalía —quien lo sindica como uno de los jefes de la organización criminal— y actualmente está en prisión preventiva.
Los otros dos son el teniente coronel Robinson Carvajal y el capitán Carlos Rojas, quienes son —para el Ministerio Público— dos de los jefes operativos del grupo que habría defraudado a la institución. También están recluidos en Pudahuel Norte. El último es el mayor Patricio Valenzuela.
Para el resto —el teniente coronel Carlos Cárcamo; el mayor Diego Valdés y el capitán Randy Maldonado— se les aplicaron sanciones menores, como "amonestación" o "reprensión". Para el coronel Marcelo Carmona, no se especifica sanción.
Solo tres carabineros sancionados
Durante la última sesión de la comisión investigadora de la Cámara Baja, el contralor Jorge Bermúdez informó que de las auditorías entre 2012 y 2016, derivaron en 66 sumarios, los cuales solo tres fueron instruidos directamente por su entidad. El resto, por Carabineros.
De los 63 sumarios realizados por la propia policía uniformada, solo tres terminaron en sanción. En el resto, hubo 6 sobreseimientos, 24 en tramitación, 25 sin información y 5 dejados sin efecto.
En comparación, de los tres que efectuó la Contraloría, uno está en proceso de investigación, el otro en etapa resolutiva y solo ha habido un sobreseimiento.
También, Bermúdez expuso las debilidades en la institucionalidad pública que favorecerían los actos de corrupción. Uno de ellos es que la entidad que él preside no posee una potestad sancionatoria. "Cuando la Contraloría realiza un sumario, solo lo que hace es proponer la sanción, pero no la aplica directamente. Quien debe aplicarla es el jefe de servicio", expresó Bermúdez.
Agregó un dato: que el 95% de los sumarios que la Contraloría ordena a los servicios que instruyan, terminan en sobreseimiento. "O sea, es papel mojado”, dijo. Agregó que “probablemente muchos terminan sin sanción por el corto plazo de prescripción que existe en esta materia, porque estamos hablando de responsabilidad administrativa".
Actualmente, en Carabineros la prescripción administrativa es de seis meses, algo que el general director Bruno Villalobos pidió modificar como parte de su plan de reforma interna, aumentándolo a cinco años, un año más que en la mayoría de las reparticiones públicas.
Ayer, tras su cuenta pública, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, dijo que están revisando la información que les envió el Ministerio Público respecto de la indagatoria por el fraude institucional para evaluar si se querellan en el caso. "En todos estos casos hacemos un análisis de los antecedentes que recibimos", comentó la autoridad.
