SANTIAGO.- Este martes, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), desarrolló el seminario titulado "Cambio Constitucional en Chile: ¿Hacia dónde vamos?", en el cual se analizó el proceso que ha impulsado el Gobierno para crear una nueva Carta Magna.
En dicho encuentro, entre otros invitados, estuvo presente el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, quien aprovechó el espacio para defender la iniciativa, la cual, a su juicio, cuenta con el respaldo de los 200 mil chilenos que se hicieron parte de su etapa participativa.
"No estamos partiendo de cero, ni de una hoja en blanco, sino desde aquello que los chilenos y chilenas nos dijeron que era importante para sus vidas y su futuro", dijo, junto con subrayar que "nuestra responsabilidad política es que este nuevo Chile se refleje en la Constitución".
Luego del encuentro, el director de Clapes UC y actual coordinador de la comisión de Desarrollo Económico de la campaña presidencial de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, comentó con Emol algunas de las conclusiones que le dejó la cita, en las cuales expone su visión crítica sobre la idea del Ejecutivo de cambiar la Constitución.
Al respecto, el ex ministro de Hacienda señaló que "en estos 18 meses que lleva el proceso constituyente, aún no hemos visto un diagnóstico serio por parte del Ejecutivo que justifique un cambio constitucional como el propuesto (…) Mientras ello no suceda, tengo la convicción de que estamos ante un debate constitucional miope".
A su juicio, es necesario que desde La Moneda reconozcan "los profundos cambios que ha tenido esta Constitución. En 2005 el ex Presidente Lagos concitó los consensos necesarios para modificar aquellos temas que más controversia generaron durante la década del 90".
"Esa es la labor de un jefe de Estado: Conducir los procesos de modificación constitucional sin caer en la 'vanidad refundacional' de hacer tabla rasa con lo que existe. Por ello es que tengo la impresión de que el debate constitucional ha perdido fuerza", enfatizó.
El futuro de la Convención Constitucional
A juicio de Larraín, la decisión de Bachelet de proponer una Convención Constitucional como el mecanismo para cambiar la Carta Magna tiene por objetivo evitar definiciones, lo cual genera más incertidumbre sobre el proceso.
"En el tema constitucional, este Gobierno ha superado todas las expectativas imaginables", dijo.
"Haber presentado la figura de una Convención Constituyente sin haber definido cómo funcionaría es, finalmente, haber tomado deliberadamente la opción de la indefinición en un tema de máxima trascendencia, la que ya ha traído consecuencias que nos afectan como país", añadió.
Para graficar dichas consecuencias, el ex secretario de Estado recordó que "habiéndose confirmado que la inversión extranjera directa llegó en Chile en 2016 a sus niveles más bajos en una década, es una muy mala señal seguir evitando las definiciones en el tema constitucional".
"Es un regalo que le estamos haciendo a algunos países con los que competimos por atraer inversión, que han sabido dar señales potentes en cuanto a la estabilidad de sus respectivos marcos constitucionales. Por otra parte, llama la atención que se invente una figura híbrida e indescifrable para modificar la Constitución", recalcó.
Finalmente, sobre la legitimidad del proceso defendida por Eyzaguirre, sostuvo que "el hecho de que haya participado en la etapa de diálogos participativos el equivalente a un 1,4% del padrón electoral, nos habla de que aun cuando siempre es positivo y enriquecedor el diálogo ciudadano, no se debe sobredimensionar su representatividad".
"Acá no hubo una participación masiva como pretende el Gobierno. Hay que valorar esos encuentros y sacar las lecciones, pero también es necesario dejar en claro que se requiere de un debate complementario que debe darse tanto en la academia como en el Congreso. Así funcionan bien las democracias", concluyó.