SANTIAGO.- El Ministerio Público ya tiene en su poder los antecedentes y observaciones realizadas por la Contraloría a un grupo de contratos suscritos por Codelco con empresas relacionadas -es decir, compañías de familiares de ejecutivos- por US$ 783 millones, en el período 2013-2015.
Si bien los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena -a cargo de la indagatoria- iniciaron las diligencias apuntando al caso de empresa Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, cuyos contratos con la estatal ascienden a $31 mil millones, estas podrían ampliarse, informa
"El Mercurio".
El informe de Contraloría advierte que el representante legal de la sociedad tenía vínculos con un directivo de Codelco, sin que se comunicara de estos contratos al órgano contralor, y tampoco a la Cámara de Diputados, como lo dispone la ley.
Algunas de las primeras pesquisas dispuestas, de hecho, dicen relación con estos contratos, lo que ya fueron solicitados a Codelco, además de haberse citado a la funcionaria de Contraloría que auditó los convenios.
La causa abierta por la fiscalía está caratulada como una eventual negociación incompatible o fraude al fisco.
En la misma auditoría el órgano contralor examinó también este otro grupo de convenios auditados por más de US$ 700 millones. De ellos, se señala que no todos los montos fueron ingresados correctamente al sistema SAP de la cuprera y que la mayoría fueron asignados por vía directa.
Sobre estos y otros contratos, y una materia diversa -el dictamen sobre la indemnización de un ex director por cerca de $511 millones- el contralor Jorge Bermúdez realizó el miércoles último declaraciones en el Congreso, lo que motivó que ayer, mediante una comunicación pública, el directorio de Codelco informara que había acordado llevar a los tribunales de justicia la controversia generada por los pronunciamientos de la entidad, con el objeto de esclarecer el marco normativo que rige a la estatal.
