SANTIAGO.- "El secreto es una disposición legal establecida en nuestro ordenamiento jurídico. Aquí hay una ley y se tiene que respetar. La ley penal es obligatoria para todos los habitantes de la República y extranjeros. Todos, intervinientes o no, deben colaborar y respetar la labor del Ministerio Público y el secreto de la investigación", dijo el jueves pasado el fiscal Eugenio Campos, quien investiga la grave malversación de dinero desde cuentas de Carabineros.
Lo anterior se produjo a propósito de la visita de los diputados Gustavo Hasbún (UDI) y Gonzalo Fuenzalida (RN) al ex coronel del Departamento de Finanzas de la institución, Jaime Paz, uno de los presuntos líderes del grupo de oficiales imputados, en el anexo cárcel Pudahuel Norte, el sábado 27 de mayo.
La situación dio paso incluso a rumores del posible inicio de una investigación en contra de los parlamentarios, ante la publicación de los detalles de la plática que éstos tuvieron con el ex uniformado y que serían parte de la declaración que éste entregó ante la fiscalía, en la investigación que hasta hoy tiene carácter de secreta.
Lo anterior fue zanjado este jueves por parte del fiscal nacional Jorge Abbott, quien descartó que los diputados hayan entregado información sensible del caso a la prensa.
"Los diputados lo que han hecho es en referencia a conversaciones que han tenido con un imputado de ambas causas (fraude y gastos reservados), pero ellos no han entregado antecedentes propios de la investigación. Lo que sí ha ocurrido en otras investigaciones donde se ha entregado escritos que han afectado a la diligencias, puesto que accedieron a conocer escritos en los cuales el fiscal pedía ciertas medidas cautelares al tribunal para recaudar la recuperación de los bienes incautados. Eso afectó la investigación puesto que los imputados conocieron de esta solicitud y pudieron perfectamente haber disimulado o transferido estos bienes", afirmó.
Abbott añadió que el accionar de los parlamentarios es "diametralmente distinta a lo de los diputados, donde no existe la comisión de delito establecido en el artículo 31 de la le de lavado de dinero".
"Pero si hay personas que estiman que hay una comisión de delitos pueden interponer querellas o denuncias que el ministerio público está obligado a investigar", señaló.
