SANTIAGO.- En el último año, la U. de Chile celebró decenas de contratos con instituciones del Estado. Dictó diplomados en ministerios, efectuó estudios, aplicó la prueba Inicia a los egresados de Pedagogía, y su hospital dio una serie de prestaciones a pacientes del sector público.
Pero, según informa hoy
El Mercurio, varias de esas actividades no se podrán repetir al menos por dos años, período en el cual el plantel estará inhabilitado como proveedor del Estado tras un fallo judicial.
El 18 de mayo de 2016, Miguel Mendoza interpuso una tutela laboral contra la U. de Chile por "vulneración de derechos fundamentales", tales como hostigamiento por parte de las autoridades de la Facultad de Economía y Negocios. El juzgado laboral acogió esa sentencia y el 20 de abril la Cuarta Sala de la Corte Suprema -compuesta por los ministros Ricardo Blanco, Carlos Cerda, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, y la abogada Leonor Etcheberry- dejó a firme dicha sentencia.
Con esto, una de las áreas más afectadas es la de salud. Si bien justo antes de la inhabilitación el Hospital Clínico de la U. de Chile se adjudicó la licitación de Fonasa para atender pacientes críticos derivados de hospitales hasta 2019, hay otras compras de recintos asistenciales, como la realización de exámenes, en las que no se podrá contratar al hospital de la U. de Chile.
El director del servicio de salud Metropolitano Norte, Alfonso Jorquera, dijo que "este año no creemos que haya un mayor impacto (porque los convenios ya están firmados), pero podría afectar en el futuro". En ese caso, dijo, "tenemos seis meses para buscar otros prestadores".
Mayor preocupación mostró Eduardo Álvarez, asesor jurídico del Ministerio de Salud. "La situación que se ha producido con la inhabilidad es una cuestión importante para el Minsal, porque es un prestador importante, en contratos a través del hospital, en institutos como el INTA y la Escuela de Salud Pública". Y recalca que los contratos celebrados no se verán afectados.
Desde la casa de estudios aseguraron que "el rol que desempeña la universidad es de gran valor para el país, por lo que nos preocupa que el flujo de servicios hacia la sociedad, actuando como proveedor a través de Chilecompra, se vea entorpecido".
Por lo mismo, precisaron que se han tomado "las medidas administrativas y legales para revertir esta situación y tenemos la confianza de que estas acciones permitirán corregir este escenario prontamente". Según trascendió, una de las vías es recurrir a Contraloría.
El plantel añadió que el impacto financiero del fallo representa menos del 2% de su presupuesto. Según el último estado financiero, la U. de Chile tuvo ingresos por $395 mil millones.
Con todo, la inhabilitación no afectará actividades determinadas por la Ley de Presupuestos, como es el funcionamiento de Sismología, o bien del Demre y la aplicación de la PSU.
