SANTIAGO.- Favores. Eso era, según la fiscalía metropolitana Oriente, lo que hacía el inspector del Liceo José Victorino Lastarria, Nelson Cruces Carvallo (52), para acceder a los alumnos a los que habría agredido sexualmente al interior de ese establecimiento de la comuna de Providencia.
"Esta persona tenía acceso a los libros de clases y, desde ese punto de vista, varios alumnos nos refieren que al denunciarlo o al referir esto como algo negativo y no normalizarlo, que era lo que otros hacían, sentían el temor de perder estos favores", dijo
"Como por ejemplo que les dieran el pase cuando llegaban atrasados o que si un día no iban al colegio, le podían pedir a él que acreditara que sí habían presentado un justificativo", señaló la fiscal Mitzy Henríquez.
La persecutora añadió que esa situación se daba en el "contexto de una persona que era muy bromista, muy amable y que también, si era cercano a ellos, tenía la posibilidad de hacer este tipo de favores".
Cruces Carvallo fue formalizado este miércoles por un delito de violación y dos casos de abuso sexual, por parte de la fiscal Henríquez, quien reveló en la audiencia, sobre la base de las declaraciones de los eventuales afectados, que el imputado habría obligado a uno de los adolescentes de 15 años a practicarle sexo oral.
Asimismo, sostuvo que estos actos los habría cometido antes del inicio de clases y de preferencia en el tercer piso del colegio, donde fue separado de sus funciones de manera temporal hasta que se aclaren si las imputaciones son reales o no.
La persecutora solicitó la prisión preventiva, lo que fue rechazado por el defensor penal público Román Zelaya. Según el abogado, el hombre niega su participación en estos hechos y aseguró que, de haber ocurrido, sólo se podría configurar el delito de estupro.
También sostuvo que su representado fue contratado en el colegio en 1982, y es la primera vez que se le acusa de este tipo de conducta contra los alumnos.
"Ese hecho de alguna manera introduce alguna duda razonable y por ese tipo de situaciones es que se requiere investigar a fondo. No es tan sencillo en este tipo de delitos y uno lo entiende", dijo.
"Pero por lo mismo, tanto la presunción de inocencia que beneficia a todos los ciudadanos como el derecho de protección que tienen las víctimas exigen que esto deba ser investigado a fondo. Eso es lo que estamos pidiendo", manifestó el defensor.
Tras la presentación de los argumentos, la jueza Alicia Rosende del 8º Juzgado de Garantía ordenó que el imputado quedara con arresto domiciliario total y arraigo nacional, además dio 90 días para terminar la investigación.
