SANTIAGO.- Emplazado en la comuna de Tiltil, en los faldeos de un cerro del mismo nombre, el penal de Punta Peuco alberga actualmente más de una centena de reos, los que deberán ser trasladados los próximos meses a otros recintos tras la confirmación de su cierre por parte de la Presidenta Michelle Bachelet.
El primer interno del lugar fue el brigadier Pedro Espinoza, quien ingresó a la prisión el 19 de junio de 1995. Exactos cuatro meses después entró el segundo reo, el general (r) Manuel Contreras.
Los dos habían sido condenados por el crimen de Orlando Letelier en Washington, ocurrido en 1976, y la creación de un penal especial para albergarlos partió con polémica, marcó la transición y generó una crisis interna en el Gobierno de Eduardo Frei.
Elección del lugar y seguridad
El encargado de buscar un terreno para instalar la prisión fue el director de Gendarmería, Claudio Martinez. Antes de elegir Punta Peuco había otras opciones, como una vieja cárcel de Quillota y Cajón del Maipo. También se evaluó un recinto el Ejército en este último lugar, pero para las autoridades de la institución una prioridad era que la cárcel estuviera en terrenos que pertenecieran a Gendarmería.
De hecho, fue una subalterna de Martinez quien reparó en esa colonia penal, de cerca de 10 hectáreas, destinada a presos de baja peligrosidad. Tras una inversión de $ 400 millones, quedó lista para su funcionamiento días antes de que Espinoza utilizara sus dependencias.
En un inicio, el debate no estaba puesto en la comodidad de los internos, sino en su seguridad. Se temía en esos años la posibilidad de un ataque grupos subversivos, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por lo que un inicio existió una guardia externa, a cargo de Gendarmería, y una guardia interna a cargo de personal del Ejército.
Conflicto legal y político
Lograr la autorización legal para habilitar el penal para condenados por violar los derechos humanos no fue fácil: El ministro de Obras Públicas de la época, Ricardo Lagos, se negó a firmar el decreto para licitar la obra esgrimiendo "razones morales".
Ante este escenario, La Moneda optó por presentar un proyecto de ley al Congreso para permitir que los uniformados pudieran cumplir sus condenas en recintos de Gendarmería, bajo condiciones de segregación.
Pese al rechazo de la oposición –que argumentaba que el proyecto sólo servía para resolver el problema que había generado Lagos-, la iniciativa se aprobó en la Cámara con 68 votos a favor, 31 en contra y una abstención). Sin embargo, en el senado, donde aún existían parlamentarios designados, el proyecto fue rechazado con 21 votos en contra y 11 a favor.
Finalmente, en comisión mixta, se alcanzó un acuerdo político que permitió habilitar el recinto.
