SANTIAGO.- Los diputados demócrata cristianos, Ricardo Rincón, Roberto León, Claudio Arriagada, Yasna Provoste, junto a Marcela Hernando (PRSD), Luis Rocafull (PS), Loreto Caravajal (PPD) y Camilla Vallejo (PC), presentaron un proyecto de acuerdo para solicitarle a la Presidenta de la República que tome medidas urgentes para mejorar la institucionalidad del Servicio Nacional de Menores.
Todos ellos, excepto la representante comunista que se abstuvo, votaron en contra del informe emitido por la comisión investigadora del Sename II.
Según dice el documento (revisar al final de la nota), se le solicita a la Mandataria medidas inmediatas para la atención impostergable de los niños que hoy están en riesgo y responsabilidad efectiva de los vulneradores.
En ese punto se pide que los ministerios de Justicia y Salud junto a la Corte Suprema desplieguen atención urgente y en terreno. Asimismo que se disponga de atención de salud inmediata para los 197 niños que denunciaron ser sometidos a descuido negligente según la radiografía hecha por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la que ayer fueron conocidas sus primeras conclusiones y cuyo documento final estará redactado en agosto.
Así también, entre otros puntos, se exigen medidas a corto plazo para adecuar el sistema de protección de los compromisos internacionales adquiridos por Chile de la disminución de la institucionalización y respeto de los derechos de los niños durante su permanencia en el sistema.
Además de medidas a corto plazo para el uso racional, equitativo y eficientes de los recursos públicos al interior del Sename y a mediano plazo para la transformación efectiva del sistema.
En el área legislativa se le pide al Ejecutivo que le de la calidad de suma urgencia a los proyectos ya ingresados, especialmente al que crea la subsecretaría de la Niñez eindicaciones acordes al estado actual para las iniciativas que ya están en tramitación.
"Todo lo anterior, sin perjuicio de solicitar a S.E la Presidenta de la República, evalúe la creación de una instancia especial, que se avoque al esclarecimiento de la verdad de las circunstancias en que ocurrieron las muertes de niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo la protección del Estado, en centros públicos y privados; y que del mismo modo, se encargue de analizar en particular aquellos casos en que pudiesen proceder medidas reparatorias", plantea el documento.
