SANTIAGO.- Pasadas la 01:00 horas de este miércoles y luego de despachar las tres causales, la Sala se abocó al estudio y votación de la normas pendientes: manifestación de voluntad de las mujeres y autorizaciones de los padres en caso de interrupción del embarazo de menores; programa de acompañamiento; sanciones penales y la objeción de conciencia.
Por 15 votos contra nueve se rechazó la indicación impulsada por senadores de oposición y que apuntaba a ampliar la objeción de conciencia a las instituciones cuya naturaleza y convicción es incompatible con el aborto. Asimismo, mencionaron que la obligación legal debería recaer en instituciones públicas.
Por su parte, los senadores del oficialismo recalcaron que la objeción de conciencia es un derecho excepcionalismo por lo que rechazaron la inclusión de estas normas especiales en el texto legal, pues "la salud es un bien público", argumentaron.
Luego por 17 votos contra 10 se respaldó la modificación introducida en la Comisión de Constitución y que extendía la objeción de conciencia al equipo médico. Cabe recordar que el texto original reservaba dicha objeción solo para el médico.
En este punto, se reabrió el debate respecto a la eventual discriminación que se ejercería contra los profesionales de la salud al impedirles acceder a este derecho puesto que ellos también son parte indispensable en las intervenciones.
Desde la otra vereda, los senadores de la coalición de gobierno insistieron en si bien la objeción de conciencia es un derecho excepcional, en este caso, no podría servir para imponer visiones particulares. Además hicieron ver que la realidad en el sistema público de salud, en especial en regiones, es la escasez de profesionales y especialistas. Incluso advirtieron una serie de consecuencias en otros ámbitos.
Acompañamiento
Con la mayoría de los votos a favor, 20 a favor y siete abstenciones, los senadores ratificaron el llamado programa de acompañamiento, derecho que tendrá la mujer para las tres causales, tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período siguiente a la toma de decisión, que comprende el tiempo anterior y posterior al parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso.
Los legisladores destacaron las acciones del acompañamiento como "un tema de fondo" del proyecto, especialmente en la causal de violación e inviabilidad fetal, para quienes quieran o no continuar con su embarazo; además de tener un carácter voluntario, confidencial y ser una medida efectiva de protección social.
Sin embargo, algunos parlamentarios criticaron que "una vez más se está legislando sin recursos", porque estos serían “insuficientes” para los programas, según el informe financiero; en conjunto con sincerar que hoy existen 90 mil mujeres esperando atención ginecológica, datos que contrastan con la implementación del mencionado programa.
Luego, cuando se dio paso a la votación de la indicación del senador Allamand para que existan programas alternativos, con recursos de fundaciones, para evitar el monopolio del Estado y la opción quede en manos de las mujeres para elegir el programa, se generó un arduo debate, en que se reconoció la admisibilidad de la propuesta, que finalmente fue aprobada por 16 votos a favor, nueve en contra, una abstención y un pareo.
