SANTIAGO.- El director de Extranjería y Migraciones, Rodrigo Sandoval, quien fue uno de los principales impulsores de la modernización de la ley de migraciones, renunció este miércoles a su cargo, en medio de las diferencias que mantuvo con el Ministerio del Interior y la Cancillería por los sucesivos retrasos que ha sufrido la iniciativa.
Pese a que la Presidenta Michelle Bachelet comprometió el envío del proyecto de ley para el segundo semestre de este año en su última cuenta pública ante el Parlamento, desde noviembre del año pasado Sandoval encendió las alarmas sobre la demora del Ejecutivo en el tema, considerando que la idea original la presentó en febrero de 2016.
Su decisión develó las serias complicaciones que ha tenido La Moneda para finiquitar la redacción del texto, cuyo envío estaba planeado en un principio para los primeros meses de este año. Según fuentes del Gobierno, la autoridad se enfrascó en diversas discusiones por el contenido de la ley y la lentitud con la que se seguía al tema.
De hecho, existía una buena evaluación de su gestión en Extranjería, pero aseguran que le faltó comprender la necesaria interacción del proyecto con los otros ministerios y sus ritmos. "Este no es un tema que era de él y de su departamento, era del Gobierno en su conjunto", sostienen.
Otro motivo que podría haber gatillado la decisión de Sandoval fue la decisión de Interior de quitar la creación de una nueva institucionalidad para migraciones. El proyecto original encabezado por él planteaba un nuevo servicio público para ese tema, idea que fue desechada por ser considerada como "burocrática".
A ello se suma otro factor clave: El financiamiento. Así lo reconoció esta jornada el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien sostuvo que la demora se debe a la dificultad de Hacienda para determinar el costo financiero de los derechos que la ley buscará asegurar a los migrantes.
Al interior del Ejecutivo, reconocen que desde esa cartera se colocó una "luz roja" al proyecto debido a su alto costo. "Es una brutalidad de plata" aseguran, ya que pese a que actualmente la mayoría de quienes residen en Chile ya reciben beneficios en salud y educación, asegurarlos en una ley representa un compromiso monetario importante.
Actualmente, la iniciativa está siendo revisada en la Dirección de Presupuestos, unidad en la que lleva varios meses estancada. No obstante, desde La Moneda aseguran que habrá proyecto, pero que se está buscando una redacción que permita cumplir los compromisos, estableciendo un sistema "gradual" en la entrega de beneficios.
