SANTIAGO.- La luz verde del Gobierno para la instalación de "Centro de Gestión de Residuos Industriales" de la empresa Ciclo en Til Til, generó la indignación de los vecinos del sector que iniciaron movilizaciones en repudio a la medida, acusando convertirse en el "basurero de Santiago".
Pero este no es el único conflicto que provocó manifestaciones y puso en pie de guerra a la comunidad con las autoridades. Existen otros en varias regiones del país, algunos de los cuales repasamos a continuación.
Freirina
En 2011, se instaló una planta de cerdos perteneciente a Agrosuper en Freirina, Región de Atacama, cuya operación generó la emanación de malos olores provocando la indignación y protestas de sus habitantes.
Es por esto que en 2012, los vecinos de esta comuna de la Provincia de Huasco se tomaron carreteras y protagonizaron incidentes en las inmediaciones de la planta.
La presión social obligó a la Seremi de Salud a inspeccionar las instalaciones de la firma, y detectó, entre otras cosas, incumplimientos a la autorización sanitaria y problemas en la descarga de los pozos, detectando incluso cerdos muertos en las fosas.
A raíz de esta crisis, la compañía decidió en 2013 paralizar de manera indefinida la planta. Recién en 2017 se retiraron los equipos y maquinarias.
Plomo en Arica
Otra ciudad que sufrió por décadas un episodio de contaminación fue Arica. La historia comenzó en los años '80, cuando la empresa Promel importó desde Suecia más de 20 mil toneladas de residuos mineros que resultaron ser desechos con alto contenido de plomo y arsénico.
El problema se produjo años más tarde, cuando el Gobierno decidió construir viviendas sociales en los sectores de Los Industriales y Cerro Chuño, parte del radio urbano, ubicados a sólo 2 kms del depósito de dicho material tóxico.
Miles de personas que vivían en esa zona sufrieron las consecuencias de la contaminación de los metales pesados y el sueño de la casa propia se convirtió en una pesadilla. Se reportaron distintos tipos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, ciertas ineficiencias cognitivas y otros problemas de salud.
102conflictos de este tipo se registraron en el país hasta el 2015, según el Mapa de conflictos socioambientales en Chile, del Instituto Nacional de Derechos Humanos
Tras múltiples denuncias, y al evidenciar que por más de dos décadas la comunidad se contaminó con plomo y arsénico, el Estado entregó una indemnización en 2007 que no cubrió a la totalidad de los afectados, ya que se comprobó que fueron 12 mil los pobladores que habitaron en algún momento en esas residencias.
En 2009, el Gobierno erradicó a la comunidad perjudicada, pero el conflicto siguió por años y los habitantes se movilizaron con protestas, huelgas de hambre y marchas, porque no todos fueron reubicados y las compensaciones no bastaron para redimir el problema sanitario.
Finalmente, en 2013, abogados suecos presentaron una demanda contra la compañía minera Boliden -del mismo país- por los daños a la salud causados por las emanaciones de los residuos enviados a Arica.
Barrancones
Otro conflicto estalló durante el gobierno de Sebastián Piñera, cuando se anunció el proyecto de una planta termoeléctrica en Barrancones, lugar cercano al santuario de la naturaleza Punta de Choros, ubicado al norte de la región de Coquimbo.
Sin embargo, la iniciativa nunca se materializó, pese a contar con los permisos ambientales. Tras la presión ejercida por la población con marchas y protestas, el ex Presidente decidió cambiar la ubicación del proyecto, según dijo entonces, de común acuerdo entre el Gobierno y la empresa Suez Energy.
La decisión le valió una serie de críticas de quienes aseguraron que su decisión debilitó a la institucionalidad.
Ventanas
La zona de Puchuncaví, Ventanas y Quinteros de la Región de Valparaíso atrajo la atención por las denuncias de una prolongada contaminación generada, supuestamente, por la Fundición y Refinería "Ventanas" que pertenecía a la Empresa Nacional de Minería (Enami) y que luego se traspasó a Codelco.
Su operación, sostienen sus detractores, provocó la emanación de contaminantes. En 2011, la escuela La Greda saltó a la primera plana, porque hubo menores que manifestaron problemas de salud.
Las miradas apuntaron a la fundición, pero un estudio contratado por Codelco aseguró que la presencia de metales pesados y arsénico encontrada en muestras de suelo y polvo de la escuela, correspondían a concentrado de cobre y otros minerales dispersados por el viento, lo que no tendría relación con los gases emanados desde la fundición, sino con el acopio de materiales al aire libre que se haría en el puerto.
Con todo, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso determinó detener las faenas de la industria, tras el recurso de protección presentado por el Consejo Ecológico de Puchuncaví y la Asociación de Ex Funcionarios de la compañía.
Luego de este episodio, en 2012, la empresa invirtió para disminuir las emisiones. Pese a ello, el Ministerio de Salud realizó una investigación que concluyó en un sumario sanitario sancionando a Codelco.
Las denuncias por parte de distintas organizaciones siguieron y en 2014 el Segundo Tribunal Ambiental inició un proceso de sanción en contra de la refinería.
