SANTIAGO.- En una audiencia de juicio abreviado desarrollada este martes en el Juzgado de Garantía de Freirina, la Fiscalía de Atacama consiguió sentencias condenatorias para doce de los catorce integrantes de una red de explotación sexual infantil que operaba en esta comuna y cuya indagatoria para su desarticulación se extendió por más de un año.
En la audiencia el fiscal jefe de esta comuna y quien estuvo a cargo de la investigación, Jorge Hernández Angel, expuso respecto de los medios de prueba reunidos, lo que permitió conocer las distintas actuaciones de los imputados que formaban parte de la red.
Según se pudo establecer, estos concertaban citas con niñas menores de edad a las cuales llevaban a fiestas clandestinas una vez que hacían abandono de residencias del Servicio Nacional de Menores (Sename), encuentros en que se concretaban los abusos a cambio de dinero.
Durante el juicio se conoció el resultado de las diligencias ordenadas por la Fiscalía y que desarrollaron efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de la PDI de Copiapó, con los cuales fue posible determinar los mecanismos de contacto entre los condenados y las víctimas, las que además en ocasiones también eran llevadas a casas particulares de los imputados para proceder con los abusos sexuales y en algunos casos violaciones.
"Se acreditó que efectivamente había personas que se dedicaban a obtener servicios sexuales de menores de edad, además que había personas que favorecían estos delitos. La investigación determinó que hubo imputados que mantuvieron relaciones sexuales con niñas menores de 14 años configurando así el delito de violación impropia, además de obtener condena en contra de la mujer que coordinaba los encuentros de las víctimas con los imputados", dijo el fiscal.
Hernández agregó que la investigación de la Fiscalía de Atacama contempló una gran cantidad de declaraciones, las que fueron expuestas durante la audiencia realizada este martes. Dentro de las cuales estaban las de los propios imputados, víctimas, testigos y personas que trabajaron en las residencias desde donde hacían abandono las niñas afectadas, además de diversas pericias sicológicas y sexológicas que junto al cúmulo de los antecedentes reunidos en la carpeta investigativa hacían sólidos los argumentos y la indagatoria llevada a cabo en este caso.
De esta manera se dictó condenas que van desde los 541 días de presidio menor en su grado medio a 5 años de presidio menor en su grado máximo.
Por esta causa se mantuvo informado al fiscal regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, quien tomó conocimiento de posibles redes de explotación infantil en el Sename o instituciones dependientes de éste por determinación del fiscal nacional, Jorge Abbott Charme.
