El centro donde falleció la niña que destapó la investigación.
Sergio Alfonso López/El Mercurio
SANTIAGO.- La Fiscalía formalizó hoy a tres funcionarios del Cread Galvarino, mismo centro donde en abril de 2016 falleció la menor Lissette Villa Poblete, como autores del delito consumado de apremios ilegítimos.
Los hechos tuvieron lugar entre agosto de 2015 y mayo de 2016, según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en la audiencia de este lunes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Uno de ellos es el que ocurrió el 25 de agosto de 2015, cuando el coordinador de turno, L. L. E., lanzó a un niño de 11 años fuera de la cama al tirar violentamente el colchón sobre el cual se encontraba, golpeándose la víctima en la cara.
Otro de los hechos, fue el 24 de marzo de 2016. Esa jornada, el educador de trato directo, L. C. S., le exigió a uno de los niños de ocho años que saliera de una de las casas del centro, para luego seguirlo y golpearlo por detrás con una patada en las piernas, cayendo el menor contra el suelo, lo que le causó llanto y dolor.
Mientras que el 4 de mayo de 2016 ocurrió el tercero de los hechos formalizados. Entonces, uno de los niños de siete años se encontraba boca arriba en el suelo y era sujetado de sus brazos por una educadora de trato directo del centro, el imputado J.A.B. presionó uno de sus pies contra el pecho del niño, provocándole una lesión equimótica en el tórax anterior, de carácter menos grave
No es todo. El fiscal jefe de Puerto Montt, Marcello Sambuceti, señaló que "hemos podido advertir que hay también actuaciones que dicen relación con ocultar cierta información que ha sido objeto de la investigación".
"En particular en relación con las denuncias de propios niños de los hechos ocurridos al interior del centro", aseguró el investigador, a cargo de la audiencia con los fiscal Erika Vargas.
Ambos forman parte del equipo de investigadores liderado por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, que indaga el fallecimiento de niños, niñas y adolescentes en centros de administración directa o de organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores.
Los tres formalizados quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional (no podrán salir del país) y la prohibición de acercarse a las víctimas.
