SANTIAGO.- En las últimas semanas algunas universidades, principalmente la Universidad de Chile, han realizado un intenso despliegue para presionar por que se introduzcan modificaciones al proyecto de ley del Gobierno que pretende fortalecer a las universidades estatales.
Aunque, en general, valoran que exista una ley especial para esos planteles, hay varios puntos del proyecto que no dejan conforme, especialmente a la U. de Chile. Éstos se relacionan con el gobierno universitario, ya que afirman que con el nuevo esquema los estamentos universitarios perderían importancia y estarían sujetos a la influencia del gobierno de turno; el régimen laboral de los administrativos; y el financiamiento para los planteles estatales, que consideran insuficiente.
Ante esto, el Ministerio de Educación envió a los funcionarios y estudiantes de esos planteles un documento que incluye una serie de propuestas para intentar resolver sus principales críticas, el cual sería la base de las indicaciones que presentará el Gobierno para perfeccionar dicho proyecto.
Los mayores cambios apuntarían al sistema de gobierno universitario. El proyecto actual crea un Consejo Superior, que estará integrado por nueve miembros: tres los nombrará el Presidente de la República, tres la comunidad universitaria, dos serán profesionales externos, además del rector. También habrá un Consejo Universitario, integrado por representantes de los distintos estamentos de la universidad (académicos, funcionarios y estudiantes), el cual tendrá un rol "consultivo".
El asunto es que la U. de Chile, por ejemplo, cuenta con el Senado Universitario, donde estudiantes, académicos y funcionarios tienen voz y voto. Si bien éste se podría asemejar al nuevo Consejo Universitario, quedaría relegado a un rol meramente consultivo y no resolutivo, como ocurre hoy, y la comunidad universitaria perdería influencia. También cuestionan que el gobierno de turno pueda nombrar a un tercio de los miembros del Consejo Superior, lo que creen atentaría contra la autonomía, y que la comunidad sólo pueda nombrar a una minoría de sus miembros.
Aumento de facultades a la comunidad universitaria
Para responder a estas críticas, en el documento del Mineduc –al que tuvo acceso Emol– se propone aumentar de tres a cuatro los miembros del Consejo Superior que puede nombrar la comunidad universitaria, de modo que dos sean representantes de los académicos, uno de los funcionarios y uno de los estudiantes.
También plantea "garantizar la idoneidad e independencia de los representantes del Presidente de la República" en dicho Consejo, de modo que de que su participación no sea "una intromisión injustificada del respectivo Gobierno". En cuanto a los profesionales externos, dice que éstos deben tener "un reconocido vínculo profesional con la región" y que tendrán "prioridad aquéllos que cursaron estudios en la respectiva institución".
Junto a esto, señala que el Consejo Universitario –que representa a la comunidad– puede tener "facultades resolutivas" en algunas materias, como aprobar la modificación de los estatutos, acordar el plan de desarrollo institucional –aunque la aprobación definitiva la dará el Consejo Superior–, aprobar la creación de títulos o grados académicos, el reglamento de carrera académica, las modificaciones de la estructura orgánica de la universidad, y pronunciarse sobre todas las materias referidas al quehacer académico.
Régimen de funcionarios y financiamiento
Otro punto que reclaman los planteles se relaciona con el régimen laboral de los funcionarios administrativos. Éstos actualmente son funcionarios públicos y se rigen por el Estatuto Administrativo, y con el proyecto de ley pasarían a regirse por el Código Laboral. En la U. de Chile advierten que eso podría llevar a una precarización de sus condiciones laborales, pues podrían perder estabilidad laboral y la carrera funcionaria.
Sobre este punto, el documento propone "mantener el régimen exclusivo del Estatuto Administrativo para los funcionarios, eliminando la facultad conferida a cada universidad para que establezca un reglamento de carrera funcionaria".
Finalmente, el documento se refiere al reclamo de las universidades sobre financiamiento, ya que consideran que los recursos que se asignan en el proyecto para fortalecer a esos planteles ($150 mil millones en un plazo de diez años) son insuficientes.
En este tema el Mineduc no plantea medidas concretas, y responde que "todo lo referente a las fuentes de financiamiento y a los montos involucrados en el proyecto de ley debe ser analizado y visado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda". También afirma que el fortalecimiento de las universidades del Estado no debe "deba identificarse necesaria o exclusivamente con el aumento de la matrícula" en esas instituciones.
