SANTIAGO.- La defensa del desaforado senador Jaime Orpis, formalizado por el delito de cohecho, fraude al fisco y delito tributario en el caso Corpesca, solicitó -a través de un escrito- al fiscal regional del Biobío, Julio Contardo,
tomar declaración en la causa, en calidad de testigo, al fiscal nacional Jorge Abbot.
La petición también emplaza -según consignó
El Mercurio- a la jefa de la unidad anticorrupción, Marta Herrera, y a dos abogados penalistas que intervinieron en la comisión de de Constitución del Senado el 10 de enero pasado.
En aquella jornada se discutía un proyecto de ley que busca modificar el delito de cohecho y soborno.
Los citados hablaron cuando se analizaba una indicación -que fue rechazada- del senador Antonio Horvath, quien propuso eliminar la frase "para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo", en el delito de cohecho.Según el acta de aquella sesión, Abbott afirmó que ese cambio era "fundamental" para poder perseguir penalmente a empleados públicos "aunque nunca ejecuten un acto de su cargo que se pueda vincular a un pago".
Mientras que Herrera, por su parte, indicó que "nuestro ordenamiento debe sancionar al funcionario público que está permanentemente a disposición de un privado a cambio de una dádiva periódica".
Sin embargo, el abogado que redactó el escrito, Sergio Rodríguez, aclaró que ambos afirmaron que "estar a disposición -tal como describió la fiscalía la conducta de Orpis en los desafueros- de un particular no es constitutivo de delito de cohecho. No basta el simple financiamiento político y estar a disposición. Debe existir un pago a cambio de un acto del cargo".
Cabe destacar que la defensa explicó que el pago de $47 millones que Orpis hizo al Senado fue hace más de un año.
