El diputado Hasbún cuestionó que el Legislativo no pueda controlar el actuar del fiscal. Si "es nombrado por el Congreso, este tiene también el mismo derecho a destituirlo", dijo.
El Mercurio
SANTIAGO.- Un proyecto de ley ingresarán la próxima semana los diputados de la UDI Gustavo Hasbún y Jorge Ulloa, para permitir las acusaciones constitucionales en contra del fiscal nacional.
La iniciativa de reforma a la Carta Fundamental surge luego de que el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, fuera cuestionado transversalmente por sus dichos sobre la quema de camiones en San José de la Mariquina, al señalar que "los empresarios tienen una responsabilidad importante en la custodia de sus bienes, particularmente en una zona en que sabemos el nivel de riesgo que existe".
En ese contexto, Hasbún cuestionó que el Congreso no pueda controlar el actuar del fiscal. "La ciudadanía no entiende que una de las máximas autoridades del país no quede sujeta al control del Congreso, cuando, por ejemplo, incurra en la causal de notable abandono de deberes. ¿Por qué tendría que tener un tratamiento especial o una especie de protección cuando es evidente que las cosas no se están haciendo bien?", sostuvo. "Si el fiscal nacional es nombrado por el Congreso, este tiene también el mismo derecho a destituirlo cuando corresponda", agregó.
Ulloa, en tanto, señaló que cuando se discutió la reforma procesal penal, el fiscal nacional estaba dentro de las autoridades que serían sujeto de esta, pero "se descartó la idea no por un tema de fondo, sino que de oportunidad". "Transcurridos los años, vemos que el fiscal nacional no tiene ningún contrapeso y en la práctica se ha transformado en un cuarto poder que no tiene ningún control de legalidad que permita fiscalizar", resaltó.
La fórmula existente hoy para destituir al fiscal nacional deja la decisión final en manos de la Corte Suprema y no del Congreso. La norma establece que solo el máximo tribunal puede remover al jefe del Ministerio Público, a requerimiento del Presidente, la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros, por "incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones".
