Felipe Vargas, El Mercurio
SANTIAGO.- El candidato presidencial por el Partido Progresista (PRO), Marcó Enríquez-Ominami, se unió a la polémica generada por el decreto enviado por Gobierno el cual busca ampliar el reglamento que regula la obtención de información en teléfonos móviles, e indicó que
el Estado "no puede ser el Gran Hermano que controla todo. La vida no es un reality".
Es por esto que el aspirante al sillón presidencial, junto a los abogados de la Defensoría Ciudadana del PRO, anunció que interpondrá una denuncia en contra del decreto, e invitó
al Ejecutivo a que "repiense" la propuesta de modificar la norma, que, "aunque busque darle más paz" a Chile, "no todos los caminos llegan a Roma. Hay costos que no se pueden pagar, como por ejemplo afectar la vida privada a todos los chilenos".
Uno de los aspectos que propone el documento es ampliar el plazo en que las compañías telefónicas mantienen almacenados los datos de los clientes a dos años -en vez de uno-, además de que no solo se entreguen las direcciones IP, sino que también la ubicación de las llamadas.
Esto, manifestó, "supone ampliar no solamente la cantidad de tiempo con que las empresas y el Estado tendrán acceso a todo lo que ustedes comunicaron, sino que amplía el ámbito de lo que ustedes buscaron en la red. A mi me parece complejo. Sí a la paz, sí a derrotar la delincuencia, no al abuso".
En este sentido, Enríquez-Ominami busca no solamente "liberar a Chile de los abusos del mercado, de los abusos de los grandes empresarios", también del "abuso del Estado".
En consecuencia, ME-O advirtió que si dejamos pasar esta medida, que ha sido catalogada incluso de inconstitucional, "acuérdense de nosotros, en un año más" la calidad de vida se va a ver afectada.
Por lo que la carta presidencial del PRO afirmó que "sí" a la intención del decreto, pero "no a la medida", la cual se encuentra en la Controlaría General de la República esperando ser aprobada.
