SANTIAGO.- Tras el bloqueo del único acceso al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, por parte de taxistas que participaban de una manifestación no autorizada en contra de las aplicaciones Uber y Cabify, provocó que el Gobierno decidiera querellarse por la Ley de Seguridad del Estado, en contra de quienes resulten responsables.
Esta es la vez número 49 en que el Ejecutivo liderado por Michelle Bachelet, presenta una acción legal de esta índole por casos de violencia o manifestación que derivan en desórdenes que afectan a la ciudadanía.
Según informa La Tercera este martes, de ellas 30 fueron en la Región de La Araucanía, 13 en el Biobío, cinco en la Región Metropolitana y una vez en el Maule.
Mientras que en el Gobierno que lideró Sebastián Piñera, este tipo de iniciativa legal se presentó en sólo cinco ocasiones.
La primera fue en enero de 2011, cuando se produjeron bloqueos en rutas de la región de Magallanes, a raíz del aumento del gas.
En el mes de octubre de ese año el ex Mandatario y hoy candidato presidencial de Chile Vamos, decidió querellarse en dos ocasiones, los días 18 y 26.
El primero fue por la quema de un bus del Transantiago en las cercanías de Macul con Grecia, mientras que la segunda acción legal fue por el masivo paro nacional de colectiveros que tuvo una adhesión de más de 50 mil vehículos y afectó a más de un millón de usuarios, según sus convocantes.
El 5 de enero del año siguiente se invoca la Ley de Seguridad del Estado por ataque a bus del bus del Transantiago que fue atacado por un grupo de 15 encapuchados, en las protestas en conmemoración del cuarto aniversario de la muerte del joven mapuche Matías Catrileo.
También por un ataque a una carabinera que regulaba el tránsito producto de la movilización que se inició en el Paseo Ahumada.
Mientras que el 15 de marzo 2012 se anunció la presentación por las protestas en la región de Aysén que comenzaron el 13 de febrero.
Hasta 10 años de presidio
En la querella presentada ayer por el Ejecutivo se explicita que ésta va dirigida contra quienes cometen delito contra el orden público.
Lo anterior incluye a quienes "inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones".
Asimismo, el Ejecutivo añade que el ilícito está consumado y que "es aplicable, además, las penas establecidas en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley 12.927 (…). Los delitos contemplados en las letras c), d) y e) del mismo artículo serán penados: con presidio mayor en su grado medio (10 a 15 años) a presidio perpetuo si se diere muerte a alguna persona o se le infirieren lesiones graves".
