SANTIAGO.- El senador por la Región del Maule, Hernán Larraín Fernández (UDI), se refirió a la polémica desatada por la contratación de asesorías parlamentarias, luego de que se conociera que el candidato presidencial Alejandro Guillier pagó $19 millones a una empresa por informes que ésta copió y pegó desde la página web del Senado.
Luego de conocerse este hecho, el Ministerio Público solicitó información al Senado con los antecedentes de todos los contratos de asesorías entre 2011 y 2016, requerimiento que fue rechazado por la Cámara Alta.
En una carta enviada a
"El Mercurio", Larraín sostuvo que se trata de "una premisa errónea: se dice que el Senado estaría realizando una 'defensa corporativa' al negarse a entregar todos los informes parlamentarios de todos los senadores, luego de que se hiciera una denuncia pública sobre la irregularidad que afectaría a uno de los senadores, que habría recibido y pagado un informe de asesoría copiado y pegado de internet".
"He pasado una parte importante de mi vida parlamentaria -próxima a concluir como fruto de una decisión voluntaria- promoviendo la probidad y la transparencia. Es importante que la opinión pública sepa que no estoy defendiendo ni menos tratando de ocultar una conducta indebida o una actuación incorrecta de nadie", justificó.
"Lo único que me interesa como legislador, abogado y ciudadano es defender un principio: que se cumpla la ley. Por todos y especialmente por quienes han recibido el mandato legal de investigar ilícitos", añadió el parlamentario.
Así, aseveró que "no existe ninguna defensa corporativa: si el senador Alejandro Guillier o cualquier otro legislador ha cometido una falta, una infracción o sencillamente un delito, será él quien deba defenderse de esa acusación. Lo mismo ocurre con los asesores parlamentarios".
Finalmente, explicó que su "punto es otro: los fiscales tienen, de acuerdo al artículo 83 de la Constitución y al artículo 166 del Código Penal, la facultad de investigar hechos que afectan a personas y no a grupos o colectividades de personas porque a una de ellas se le atribuye un hecho eventualmente ilícito. Lo contrario sería aceptar situaciones absurdas, como si en una universidad se descubriera que un académico cometió un delito tributario y se decidiera investigar a todos los profesores de la casa de estudios, al voleo, y no al acusado individualmente. Eso sería un 'ataque corporativo'".
"Ese es el punto. Lo demás son opiniones interesadas, que pretenden desinformar", concluyó.
