SANTIAGO.- El Tribunal Constitucional (TC) escuchó esta mañana los alegatos de la Asociación de Magistrados y de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público contra la ley que excluye del reajuste de remuneraciones al sector público los sueldos iguales o mayores a $4,4 millones.
Se trata de la Ley N° 20.975 que otorgó alzas de 3,2% a contar del 1 de diciembre de 2016, a los sueldos, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones; o no imponibles.
Esta dejó fuera a quienes en dicha fecha "tengan como promedio mensual de remuneración líquida de carácter permanente, durante el período de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, un monto igual o superior a $4.400.000".
Añade que en el caso de los trabajadores a quienes se les aplique el alza, "el total de sus remuneraciones líquidas de carácter permanente así reajustadas no podrá significar, durante el período de diciembre de 2016 a noviembre de 2017", una cantidad promedio superior a dicha cifra mensual.
Asimismo, sostiene que "el reajuste establecido en el inciso primero no regirá para el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los funcionarios de la Corte Suprema pertenecientes a los grados I y II de la escala del personal superior del Poder Judicial ni para el contralor general de la República".
Ingresado el 3 de abril de este año, el requerimiento de los magistrados por "inaplicabilidad por inconstitucionalidad" del artículo 1°, inciso octavo (también inciso tercero, en el Rol 3421) de la Ley 20.975, fue alegado por el abogado Hernán Bosselin, al igual que el presentaron los fiscales (misma fecha).
Mientras que por el Consejo de Defensa del Estado, en ambas causas, alegó el consejero Rodrigo Quintana.
Dicha acción fue firmada, entre muchos otros, por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch. Sin embargo, hubo magistrados que no requirieron que son Sergio Muñoz, Patricio Valdés, Carlos Künsemüller, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Andrea Muñoz y Jorge Dahm.
Mientras, de la Corte de Apelaciones acudieron todos al requerimiento. En tanto que del tribunal de alzada capitalino no recurrieron los jueces Juan Manuel Muñoz, Jorge Zepeda, Juan Cristóbal Mera, Jaime Balmaceda, Romy Rudelfor y Guillermo de la Barra.
Pero esta no ha sido la única acción de los magistrados para revertir la decisión de excluirlos del reajuste. El 13 de enero de 2017, los jueces interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso o acción constitucional de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
La semana pasada en una declaración, el TC zanjó el tema de financiamiento de candidatos al Congreso y a la Presidencia. Y ahora es el Poder Judicial el que acude para clarificar el reajuste de jueces y fiscales del Ministerio Público.
El Tribunal Constitucional se pronunciaría sobre ambos requerimientos en los próximas semanas.
