SANTIAGO.- "
¿Qué hace un candidato ahora que sabe que quienes le reunieron las firmas son narcos?", afirmó la mañana del miércoles el candidato presidencial del PRO,
Marco Enríquez-Ominami, haciendo referencia a su contendor,
Alejandro Guillier, y su supuesta cercanía con el alcalde de San Ramón,
Miguel Ángel Aguilera, cuya posible vinculación con
redes de narcotráfico ha remecido al municipio.
Y es que la emisión del capítulo "Los tentáculos narcos en San Ramón", de Informe Especial, el pasado domingo, expuso la presencia de funcionarios de la alcaldía presuntamente vinculados con el narcotráfico. El alcance de los hechos, desde entonces, ha salpicado al mundo político.
Del reportaje se desprendió que el edil había participado activamente en la recolección de firmas para inscribir la candidatura del abanderado del pacto Fuerza de la Mayoría, lo que generó el emplazamiento de ME-O.
Pero el senador se defendió abordando la polémica tras el foro organizado por la Universidad de Chile el miércoles, afirmando que no tenía relación con los hechos. "Me parece que es una situación abusiva, porque establece una duda de que tendríamos alguna vinculación, por lo tanto, creo que TVN debería aclarar ese punto", afirmó.
"El hecho de que yo visite una comuna y que llegue gente y se me acerque, incluso colabore, no significa que estoy en vinculación con ninguno de ellos, con ninguna intención delictual o algo por el estilo", agregó además el candidato, señalando que se creaba "una confusión injusta" que podría acarrear "algún efecto".
"El PS no tolerará conductas reñidas con nuestros valores y principios, y actuará conforme a lo que ha sido su tradición y legado, con el máximo rigor para el total esclarecimiento de estos hechos"
Partido Socialista
A pesar de que su nombre no resuena como parte activa de la política nacional, el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, es una figura con gran respaldo, siendo electo con un 70,3% de los votos. Además de militar en el Partido Socialista, hasta esta semana Aguilera desempeñaba el rol de vicepresidente.
Los hechos fueron condenados "enérgicamente" por el partido, al cual el edil, quien niega las acusaciones, pidió la suspensión de su militancia para demostrar "su honestidad y trasparencia", lo cual fue aceptado.
La comisión política, en tanto, decidió por unanimidad solicitar la intervención del Tribunal Supremo para que pueda "aclarar, determinar responsabilidades y aplicar sanciones".
De la misma forma, anunció una querella en contra de quienes resulten responsables de los delitos denunciados en el programa de TVN y de los que puedan acreditarse "a partir de las investigaciones en curso".
"El Partido Socialista de Chile no tolerará conductas reñidas con nuestros valores y principios, y actuará conforme a lo que ha sido su tradición y legado, con el máximo rigor para el total esclarecimiento de estos hechos", agregaron desde el partido, a través de una carta.
Quien también iniciará acciones legales es la UDI, que anunció una querella contra el propio alcalde. El secretario general, Pablo Terrazas, afirmó que el partido no quiere "partidos políticos en Chile ni candidaturas vinculadas con el narcotráfico".
Además, Terrazas criticó la medida tomada por el PS, calificándola de "demasiado tibia" y "demasiado blanda", afirmando que lo expuesto en el reportaje amerita "la más alta y drástica sanción que puede imponer un partido".
A la ofensiva legislativa se suma el candidato a diputado por el Movimiento Autonomista en el distrito 13, Mauricio Carrasco, quien también interpuso una querella contra el edil por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y contratación ilegal de funcionarios públicos.
En paralelo a la trama en San Ramón, quien también se vio afectada por la polémica fue la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien presentó una querella por amenazas de muerte en su contra, supuestamente hechas por funcionarios de la Municipalidad de San Ramón, quienes la acusan de crear un montaje en contra del edil. Finalmente, Fiscalía ordenó medidas de protección.
