Algunas de las personas que habitan en las carpas provienen desde instituciones del Sename.
El Mercurio/ Archivo
SANTIAGO.- 10 son las carpas ubicadas entre las calles Av. Salvador con Rancagua - jardines del Hospital del Salvador - en las que viven distintas personas en situación de calle. Algunas de ellas provienen desde el Sename o poseen problemas de drogadicción.
Por este motivo, la Municipalidad de Providencia ha dispuesto una serie de medidas para cada uno de ellos a través de un equipo multidisciplinario comandado por la Dirección de Desarrollo Comunitario.
El primero de ellos apunta a quienes poseen patologías de salud mental la que consiste en evaluaciones con médico psiquiatra en terreno a quienes tengan la posibilidad de realizar tratamiento. Esto, por medio de la red interna de servicios de salud o en recintos de mayor complejidad para casos que requieran de intervenciones más prolongadas.
Otra de ellas pretende ayudar a quienes han estado privados de libertad a través de la inscripción en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de Providencia.
Además de la orientación para las personas que cuentan con beneficios sociales. Para ello, se contactará con los municipios donde se les han sido otorgados y hagan un posterior uso de éstos.
La Municipalidad comandada por Evelyn Matthei cuenta con traslado a albergues en temporada de invierno, colabora en la obtención de cédulas de identidad y se los ponen en contacto con sus familiares para ver si pueden ser acogidos en su hogares.
"En Providencia estamos destinando importantes recursos para ayudar a mejorar las condiciones de vida de estas personas y, al mismo tiempo, estamos atendiendo los constantes llamados de nuestros vecinos que nos piden apoyar a las personas en situación de calle y también recuperar los espacios públicos que se encuentran tomados transitoriamente por ellos", informaron a través de un comunicado.
Sin embargo, apuntaron que esperan que casos como el de la ocupación de los jardines del Hospital Salvador sean más vistos por el Gobierno, puntualmente por el Ministerio de Desarrollo Social. Entidad que, aseguran, cuenta con mayores atribuciones para abordar el tema y que se pueda avanzar en soluciones a largo plazo.
