Tribunal de Temuco rechaza cambiar las medidas cautelares a los 4 imputados por el denominado "Caso Iglesias" en la Araucanía.
Mario Quilodran, El Mercurio
SANTIAGO.- El Tribunal de Garantía de Temuco resolvió este viernes mantener la prisión preventiva para los cuatro comuneros mapuches que estaban en huelga de hambre por el denominado caso Iglesias.
El juez Federico Gutiérrez desestimó la solicitud de la defensa de Alfredo Tralcal y los hermanos Benito, Ariel y Pablo Trangol, acusados por un ataque incendiario a un templo evangélico en Padre de Las Casas en el año 2016.
"Hasta el momento, no han variado las condiciones para modificar las medidas de seguridad", señaló Gutiérrez.
Asimismo el juez indicó que "no se advierte relevancia para el Tribunal que la Intendencia Regional como acusador particular le haya restado el carácter de delito de terrorista. El derecho común del Código Penal, artículo 475 número 1 asigna una pena suficientemente grave del ilícito como para que este factor pueda ser considerado como de gravedad para conceder la libertad o revocar la prisión preventiva impuesta a los imputados".
Otro de los argumentos planteados por la defensa de los comuneros fue la "excesiva" duración de la medida cautelar, por lo que el magistrado señaló que "no es una situación que esté reglada actualmente en la legislación".
Sobre el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes, en el que el Estado debe consultar las medidas legislativas que puedan afectar a dichos pueblos originarios, Gutiérrez señaló lo siguiente:
"Los imputados cumplen su prisión preventiva no en un centro penitenciario, sino que en un hospital y no en uno común y corriente, sino que en un centro hospitalario intercultural, de modo que se ha cumplido en la medida de los posible con los estándares que exige el Convenio 169".
Los cuatro comuneros mapuches habían pasado más de 100 en huelga de hambre, solicitando un "juicio justo" cuando el Gobierno recibió a las familias de los acusados y decidió retirar el carácter terrorista de la querella.
