El ex coronel Jaime Paz habría recibido uno de los montos más altos de todos los beneficiados, con $77 millones.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Varias fueron las interrogantes que debió responder al Ministerio Público, el Departamento de Pensiones de Carabineros sobre los desahucios pagados por la institución a los investigados por el megafraude, que ya supera los $25.700 millones.
Lo anterior ocurrió en agosto pasado, cuando la policía uniformada debió enviar un oficio al fiscal Miguel Ángel Orellana dando cuenta de estos pagos a 52 personas, donde se detallaba -entre otros puntos- el monto que recibieron por dicho concepto, luego de que se cursara su retiro.
Fue con ese documento que la fiscalía, a inicios de septiembre, le pidió al 7º Juzgado de Garantía retener el pago de desahucios de 20 ex carabineros, a quienes todavía no se les entregaba este dinero debido a que su retiro aún estaba en trámite.
El equipo del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, buscaba cautelar fondos ante posibles acciones civiles, como también eventuales multas a los imputados tras concluir el proceso penal.
Como la petición no fructificó en primera instancia, la fiscalía recurrió a la Corte de Apelaciones. La semana pasada, la Octava Sala del tribunal de alzada revirtió la decisión y ordenó retener los montos.
Sumando los montos percibidos por los 52 uniformados se llega a $1.963.721.273. Sin embargo, restando a quienes se les congeló el pago -como también a nueve de ellos que no pueden recibir jubilaciones, debido a que no cumplieron 20 años de servicio, como capitanes y tenientes-, queda un grupo de 23 imputados a quienes la institución les otorgó $908.110.854.
La situación de oficiales y suboficiales en
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