Cristián Soto, El Mercurio
SANTIAGO.- Pagos improcedentes y fallas en el control de armas, fueron parte de las diversas anomalías que encontró la Contraloría tras auditar el Departamento de Control de Explosivos de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos (Zosepcar) de Carabineros.
Esta repartición, también denominada como OS-11, es la encargada de fiscalizar y controlar el cumplimiento de la Ley 17.798, o más conocida como la Ley de Armas.
Si bien Carabineros en su respuesta a la Contraloría señala que las armas son ingresadas a un sistema de fiscalización interna —donde se emite un acta de recepción— y al sistema ARIES de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), cuando es voluntaria, el ente contralor establece que los controles "no son suficientes para asegurar el debido resguardo de las armas que se almacenan en las bodegas institucionales".
La Contraloría detectó, además, un desembolso cercano a $18 millones por el arriendo de un vehículo, que fueron pagados a un "tercero que no figura como proveedor" de Carabineros.
Detalles del informe en la edición de hoy de
El Mercurio.
