SANTIAGO.- "Mantener escondido armamento y municiones; efectuar reuniones clandestinas tendientes a destruir el orden social y oponer resistencia al gobierno constituido, y pertenecer a grupos de combate armado en tiempos de paz".
Esos son los cargos por los que fueron condenadas 16 personas el 20 de diciembre de 1973, por un consejo de guerra, que según informa este jueves La Tercera, fue integrado por el ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre.
De acuerdo a los antecedentes que tiene la institución castrense dicho tribunal también estaba integrado por el “teniente coronel Mario Arriagada Anento, el capitán Daniel Verdugo Gómez, el mayor Tomás Manríquez Núñez, el teniente Raúl Alvarado Bencini y el auditor Francisco Álvarez Mery.
Ellos emitieron penas de entre 541 días y 5 años de presidio efectivo. Algunos de ellos llevaban meses detenidos en La Serena,donde Cheyre trabajó como teniente del regimiento "Arica".
El ex máximo jefe del Ejército –que figura en 31 dictámenes-, hoy está siendo indagado por dos presuntos casos de apremios ilegítimos.
La causa es llevada adelante por el ministro en visita de la ciudad de la región de Coquimbo Vicente Hormazábal, quien aún continúa con las pesquisas y no ha procesado al ex militar, quien fue acusado de complicidad en 15 homicidios en el marco de la denominada "Caravana de la Muerte".
El martes, el dio a conocer que Cheyre participó en cinco de esos tribunales militares, pero que luego de consultar al Ejército, la institución informó que había registros de otros 26 consejos de guerra.
En esos fallos, 16 personas figuran como víctimas de tortura y prisión política en el Informe Valech.
El abogado del ex uniformado, Jorge Bofill, defendió a su representado, señalando que se trataba del más joven de los oficiales que componían esos consejos de guerra y que en todo caso, la resolución a la que llegaban debía ser visado por el general jefe que ordenó la constitución de la instancia militar.
"En Chile hubo cientos de consejos de guerra durante la dictadura. Los tribunales los consignan como lícitos y regulados en el Código de Justicia Militar; su legalidad, además, ha sido confirmada recientemente por la propia Corte Suprema (caso Caravana de Copiapó)", explicó al matutino.
Bofill anunció que ya solicitó nuevos careos y testimonios al magistrado Hormazábal, a quien también solicitaron que oficie al Ejército para que informe de todos los consejos de guerra que tuvieron lugar a partir del 11 de septiembre de 1973, así como qué personas -militares y civiles- los integraron.
