SANTIAGO.- La séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago analizará mañana jueves, un recurso de protección que busca dejar sin efecto el decreto que declaró Villa San Luis de la Condes como Monumento Nacional, a pesar de que la acción judicial se presentó fuera de plazo, según afirma el Consejo de Defensa del Estado, CDE.
La Inmobiliaria Presidente Riesco presentó el recurso de protección el pasado 12 de octubre, 75 días después de la publicación del decreto en el Diario Oficial. Según informó el CDE a la Corte, el plazo legal habría expirado el 29 de agosto, 30 días después de la publicación de la declaratoria en el Diario Oficial.
No obstante, los magistrados pusieron el recurso en tabla, y se verá de manera extraordinaria y preferente este viernes 24 cerca de las 9 am.
En el escrito presentado, se alega que la declaratoria afecta la garantía constitucional del “Derecho a la propiedad”. Además, se acusa al Consejo de Monumentos nacionales de haber actuado de manera irregular y discriminatoria. Por otra parte, la Inmobiliaria cuestiona el valor histórico, arquitectónico y urbanístico de la villa, poniendo atención en que los edificios fueron declarados Monumento Histórico después de ser demolidos.
Sin embargo, desde el Comité en Defensa de Villa San Luis, respaldan al Consejo de Monumentos Nacionales y desestiman los argumentos de la inmobiliaria, señalando que uno de los edificios es recuperable y que en el terreno actualmente protegido debe construirse un sitio de memoria.
Según el arquitecto Miguel Lawner, “la declaratoria se apega a derecho y a la Ley de Monumentos Nacionales”, y propone que tras recuperar uno de los edificios, “se construya allí un memorial, un santuario de la integración social que recuerde la violación a los derechos humanos sufrida por los ex pobladores de la villa”.
La Villa San Luis –el Lote 18- fue declarada Monumento Nacional el pasado 28 de junio, luego la ministra de Educación firmó el decreto correspondiente el que fue ratificado, en su legalidad, por la Contraloría General de la República. El proceso legal culminó con la publicación del decreto en el Diario Oficial el día 29 de julio de 2017.
