SANTIAGO.- Cinco años ha durado la investigación administrativa que emprendió en la PDI tras detectar una posible irregularidad en una licitación de vidrios polarizados y láminas de seguridad para vehículos institucionales, en la que habría habido sobreprecio.
Así lo señaló la institución mediante un comunicado, tras la publicación de El Mercurio acerca del caso, en el que afirman que fueron sus propios funcionarios los que detectaron las presuntas irregularidades, los que realizaron la denuncia.
"Al existir antecedentes presuntivos de delito, se procedió a denunciar los hechos al Ministerio Público y remitir todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado a fin de que se iniciara una investigación por el órgano persecutor y se cautelaran los recursos fiscales", señala el texto.
En el mismo sumario, según el documento, "no se detectó la participación de otros funcionarios", aparte del ex subprefecto Álvaro García Tapia, quien era el jefe del Departamento de Apoyo Logístico de la PDI y fue desvinculado en diciembre de 2012 de la policía civil.
Según la nota del matutino, el ex detective está querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), así como también el empresario Rubén Ñanco Solís, quien habría cobrado un sobreprecio de $400 mil por cada lámina.
Proveedor descarta irregularidades
En tanto, el empresario implicado en el caso, Rubén Ñanco Solís, descartó la existencia de irregularidades y rechazó las acusaciones de sobreprecio, tras ser consultado por El Mercurio.
El investigado aseguró que en los vehículos policiales fueron puestos sus mejores productos, a lo que se suma el hecho de que se instaló las láminas en los parabrisas, lo que es algo inusual en ese rubro.
"Estaba todo en regla. Yo fui bien claro sobre cómo funcionó todo eso, por eso no creo que haya nada extraño", sostuvo.
